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El sur del Tolima enfrenta un panorama preocupante que combina conflicto armado, debilidad institucional y pobreza. Sin embargo, la región presenta particularidades que, bien atendidas, podrían convertirse en fortalezas frente a las dinámicas de violencia que atraviesan departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Huila.
De acuerdo con los hallazgos de la Nota Regional CERE 22, centrada en el análisis de la seguridad y la situación humanitaria, aunque la provincia no registra el nivel de gravedad de sus vecinos, las cifras entre enero y agosto de 2024 sí revelan un aumento preocupante de las acciones bélicas del conflicto. Aquí, la reconfiguración de las disidencias de las FARC-EP, con acciones como ataques con drones, reclutamiento forzado y enfrentamientos con la Fuerza Pública, se suma a una larga lista de carencias históricas en infraestructura, servicios básicos y de capacidad estatal.
La respuesta de la Gobernación del Tolima ha privilegiado la controversia política sobre las medidas institucionales planificadas, lo que ha llevado a la mandataria seccional a inclinarse hacia discursos alarmistas que estigmatizan la región y desinforman sobre la magnitud del problema.
Alegar la supuesta desintegración total de estructuras armadas (como se hizo recientemente con el denominado Frente 26 de Marzo) o que ciertas facciones disidentes cuentan con cientos de integrantes sin respaldo en evidencia (los supuestos 300 guerrilleros de Ataco), perpetúa el miedo en nombre de un falso triunfalismo que desvía la atención de soluciones prácticas.
El Tolima requiere un cambio de enfoque en seguridad que aborde tres frentes clave:
- Fortalecer la articulación interinstitucional: El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) debería implementarse de manera coordinada con las administraciones municipales y el Gobierno Nacional. Esto implica utilizar los recursos disponibles para contrarrestar los vacíos institucionales en las zonas rurales y reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes al reclutamiento por parte de estructuras armadas ilegales.
- Descentralizar y territorializar las estrategias de desarrollo: La promoción de proyectos de desarrollo rural es fundamental para mitigar las causas estructurales de la violencia, más allá de la militarización del territorio. La propiedad de la tierra y el acceso a recursos productivos, vías de comercialización y empleo formal, son medidas que desincentivan la entrada de jóvenes a grupos armados y generan oportunidades para la población.
- Un sistema de seguridad integral y preventivo: Sin descartar el uso de la fuerza, el Tolima necesita mecanismos de alerta temprana efectivos que integren las voces de la población civil y prioricen su protección. Esto incluye atención inmediata a líderes sociales y grupos vulnerables, a través de la articulación efectiva con el Ministerio Públicos y ONGs defensoras de derechos humanos en la región.
El camino hacia una solución viable también pasa por despolitizar la seguridad. La gobernadora debe dejar de usar el conflicto como herramienta de crítica a la política de paz del Gobierno Nacional y, en cambio, desempeñar el rol que le corresponde, desde el punto de vista de la corresponsabilidad en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
El Tolima tiene el potencial de liderar una transición hacia la paz que sirva de ejemplo para otras regiones del país, pero para ello, la clave está en construir Estado, mercado y ciudadanía. Solo así se podrá lograr que la histórica cuna de las FARC se libere definitivamente de la espiral de violencia que consume a otros departamentos.
