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Entre los gobiernos nacional y departamental le deben a la Universidad del Tolima treinta y ocho mil ciento setenta y seis millones de pesos. Con todas las letras. El panorama es preocupante para una institución que en la práctica funciona como una entidad sin ánimo de lucro, que no cuenta con más ingresos que los de las matrículas y las transferencias.
A pesar de los esfuerzos realizados para asegurar la gratuidad educativa y fortalecer la calidad académica, los retrasos en los giros tienen en vilo la estabilidad de la universidad y podrían afectar directamente la operación administrativa y el cumplimiento de compromisos laborales para fin de año.
De los recursos prometidos por el Gobierno Nacional, correspondientes a la política de gratuidad para el segundo semestre de 2024, solo se ha transferido el 16%. A esto se suma una deuda total de más de 28 mil millones de pesos, incluyendo fondos pendientes por gratuidad de 2023 y planes de fomento a la calidad. La Gobernación del Tolima también tiene una deuda pendiente de más de 9 mil millones de pesos, que podría llegar a 20 mil, en caso de que se retrase la transferencia de diciembre.
Los $28 mil millones arriba mencionados se dividen en dos grandes rubros: gratuidad y fomento a la calidad. Por el primer concepto, el Ministerio de Educación - que tiene asiento en el Consejo Superior Universitario - acumula una deuda de $21.349.957.116 del último semestre de 2023 y los dos de 2024. Por el segundo concepto, la deuda asciende a $6.986.122.567solo de 2024.
El gobierno departamental, que preside el Consejo Superior, adeuda del segundo semestre del año pasado (gobierno Orozco) $5.754.957.596 y del actual (gobierno Matiz) $4.085.900.000, para un total de $9.840.857.596
En ese escenario - aunque no se monta el caballo antes de ensillarlo - ya empieza a generar preocupación el pago de la transferencia anual del departamento a la universidad, conforme al esquema de financiación de Ley 30 y la Ordenanza 008-2018, una suma que asciende a los $10.078.948.233.
La tragedia que fue la crisis financiera de la Universidad hace apenas ocho años, que la dejó con un déficit de $24 mil millones producto del desgreño administrativo, parece que se repite como farsa, curiosamente, en un escenario en el que tanto el gobierno nacional como el departamental, se rasgan las vestiduras por la gratuidad de la educación superior.
Gobernadora, Ministro, el futuro de la Universidad del Tolima está en sus manos y no se puede hipotecar. Cumplir con los pagos que a cada quien corresponde, más que una obligación legal, es un deber ético con lxs estudiantes, lxs trabajadores y el desarrollo de la región.
