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Las recientes declaraciones de la Gobernadora acerca de la presencia de 300 disidentes de las FARC en Ataco, rayan entre la irresponsabilidad y el delirio. Al margen del hecho gravísimo de que, de nuevo, se estigmatice a toda una región sin ningún fundamento, preocupa todavía más el que nadie diga ni mú: ni la oposición, ni los líderes de opinión y ni siquiera los periodistas, que registraron la noticia como si se tratara de cualquier cosa.
¿Cómo se explica tanta complacencia con las ya reiteradas salidas en falso de la mandataria en materia de seguridad?
La clase política del Tolima gobierna en el mejor de los mundos: mayorías absolutas en concejos y Asamblea, contratación directa de la pauta en medios de comunicación, entes de control convenientemente desbordados en sus funciones como para hacer su trabajo y unos gremios económicos indiferentes a los problemas del desarrollo, pero eso sí, siempre alineados con la chequera oficial.
Nuestros políticos profesionales básicamente se dedican a hacer campaña durante el gobierno para ganar en las siguientes elecciones que les van a garantizar continuar en el gobierno para volver a ganar las elecciones… y así, consciente y frenéticamente.
Por eso es que los problemas de la gente siempre son los mismos: en Ibagué, empleo, servicios públicos, vías y seguridad; en el Tolima, atraso, pobreza y violencia.
El fenómeno, aunque rentable para el “país político”, es por supuesto terrible para el “país nacional” - por lo que mencioné arriba - y para la democracia, por dos razones:
Primero, porque el ejercicio del gobierno queda reducido a hacer promesas en eventos. Eso, sumado a cierta tentación de trasladar la gestión a las redes sociales, define de cabo a rabo el tono electoral de las administraciones.
Y segundo, porque al hacer del gobierno una plataforma de campaña, los problemas reales de la gente no son necesariamente los problemas del gobernante: eso es lo que explica que la Gobernadora pueda hacer afirmaciones gravísimas para toda una región, pero al fin y al cabo convenientes para sus intereses [electorales].
En suma, el político genera los problemas para los cuales tiene fabricada una solución. Lo cual supone, en sentido contrario, que todo aquello para lo cual no cuente con una fórmula que le beneficie: o no es un problema o es competencia de otros: los alcaldes o el Presidente.
Mientras tanto, para disipar la amenaza de los 300 disidentes imaginarios de Ataco ya se puso en marcha una fórmula de solución, la de siempre: i. Un consejo de seguridad (de cuyas discusiones nunca tendremos noticia), ii. Una inversión en equipos tecnológicos (cuya eficacia en la solución del problema nunca vamos a establecer), iii. Un anuncio de recompensas.
Resuelto el problema, entre comillas, vienen los réditos políticos. No es gratuito que el Senador Barreto, en la mitad de su ejercicio parlamentario, ya haya decidido doblar la apuesta electoral de su movimiento para las próximas elecciones y para las que le siguen: seis curules en el Congreso, Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima.
Lo último que imaginó Darío Echandía fuera que la respuesta a su todavía vigente pregunta, ¿El poder para qué? Fuera tan fácil de responder: ¡Pues para seguir ganando elecciones!
