La posible construcción de las sedes regionales de la Universidad del Tolima en Mariquita y Chaparral, es un acontecimiento de la mayor trascendencia para el departamento. Se vale soñar con que, después de más de 70 años de ires y venires, la consigna “todos a la universidad” - que ha sido hasta ahora sinónimo de “todos a Ibagué” -, se invierta para configurar lo que, en un futuro cercano - espero -, sea una política organizada que lleve toda la Universidad al Territorio (UT).
Como todos los acontecimientos, éste, el de regionalización a cuenta gotas, no se puede entender por fuera de un contexto: primero, el de la inercia de la autofinanciación y el déficit de inversión que obligó a sucesivas direcciones universitarias a extenderse a través de la educación a distancia, y segundo, el del cambio de foco que en la política de educación superior instaló el actual gobierno nacional: del prurito de la “calidad” al problema de la desigualdad, expresado en las bajas tasas de cobertura a nivel nacional.
Sobre esto último me referí en una columna de opinión anterior (Una ventana de oportunidad para la Universidad del Tolima) que invito a consultar.
Sobre lo primero, en cambio, la institución se debe un balance juicioso que le abra las puertas al consenso entre quienes propenden por un proyecto de regionalización ambicioso (entre quienes me incluyo), y quienes por el contrario prefieren que la universidad se concentre en Santa Helena.
La historia de la UT en la(s) región(es) se ha escrito parcialmente. Empezó con Extramuros en 1968, un programa de extensión centrado en la formación de las y los docentes de las escuelas del departamento; continuó, a partir de 1982, con el Centro de Educación Abierta y a Distancia dirigido a la profesionalización de la clase trabajadora; y se consolidó finalmente con la institucionalización de esta modalidad en 1991, a través de una unidad académica propia: el Instituto de Educación a Distancia.
Desde 1968 hasta la fecha, la Universidad del Tolima ha tenido algún grado de injerencia en la formación de los/as maestros/as de todo el departamento - un balance que está por hacer - y ha mantenido una oferta constante en municipios como Honda, Líbano, Melgar y Chaparral, desde 1987.
Por fuera del Tolima, tampoco se ha hecho el balance, pese a que la ventana de tiempo en esas zonas no es para nada insignificante: Mocoa (27 años), Popayán (25 años), Barranquilla (24 años), Bogotá y Cali (23 años), Medellín y Urabá (13 años).
¿Qué es lo nuevo entonces?
La posibilidad de desconcentrar la oferta académica de pregrado y de posgrado, especialmente de la modalidad presencial, en dos sedes regionales propias: una para el norte del Tolima y la otra para el sur. Para decirlo en términos coloquiales: que por primera vez, los programas que se ofertan en la sede central de Santa Helena se puedan ofertar por fuera de ese campus, bajo las mismas condiciones de calidad que se ofertan en Ibagué.
El reto, aunado a todo lo que implica la construcción y el sostenimiento de las dos instalaciones, y la ampliación de la cobertura, es conseguir que la universidad se convierta, efectivamente, en un catalizador del desarrollo en las dos subregiones. Una retórica que por supuesto no es nueva.
Termino destacando varios proyectos que avanzan por la vía de la cualificación de la oferta y el cierre de brechas de acceso, dos pilares clave de este proyecto:
- Aprobación e implementación de un marco institucional para la regionalización: el CSU aprobó la política en abril (Acuerdo 009 de 2024) y en junio, se realizó la primera sesión del Comité de Regionalización Universitaria. Esta instancia será la encargada de orientar el proceso de regionalización universitaria;
- Estudios de pertinencia: la Vicerrectoría de Docencia incluyó en su Plan de Acción 2024 un proyecto de fortalecimiento de criterios de pertinencia para la oferta educativa en las dos subregiones de influencia de las dos nuevas sedes. Como resultado, se espera contar con un modelo que permita determinar que la oferta de pregrado y posgrado - presencial y distancia - responda a las necesidades del territorio y a las expectativas de la población;
- Evaluación de resultados de la política de gratuidad en el cierre de brechas de acceso a la educación superior: este proyecto, avalado igualmente por Vicedocencia para este año, busca aportar recomendaciones que aseguren la democratización del acceso a la universidad, en clave poblacional y territorial. Uno de los elementos centrales tiene que ver con hacer más inclusivo el único mecanismo de acceso al pregrado presencial de la institución: la Prueba Saber 11.
- Caracterización de tasa de tránsito y análisis de la deserción de estudiantes provenientes de zonas PDET, tendiente a la identificación de brechas de acceso y la construcción de una estrategia para la permanencia estudiantil - presencial y distancia.