Síguenos en Google News
La prevención y atención de las violencias contra las mujeres sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Las feministas nos lo han hecho saber hace años, pero la falta de acciones concretas de prevención y atención ya pasó de la falta de capacidades al cinismo.
La situación es particularmente preocupante en el contexto de los feminicidios en Colombia, que siguen en aumento. El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 354 casos en 2023. Somos el tercer país que registra las cifras más altas de violencia de género entre las naciones que conforman Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), violencias que abarcan las agresiones interpersonales, presuntos delitos sexuales y casos de maltrato y abuso familiar.
El año pasado, el Tolima fue el tercer departamento que más registró denuncias de violencia intrafamiliar contra la mujer, muy por encima del promedio nacional. Según el propio diagnóstico del documento borrador del Plan de Desarrollo “Con seguridad en el territorio” (2024 - 2027), “se evidencia la falta de información completa y consolidada sobre la situación de violencias basadas en género en el territorio. Esta situación se presenta, en gran medida, por la poca confianza y acceso que tienen las mujeres a las rutas de denuncia que existen actualmente. También obedece a los resultados que se pueden obtener en los procesos jurídicos de denuncia que, de acuerdo con la experiencia de las mujeres, no tiene consecuencias para los agresores, incluso en casos de feminicidio”.
El mismo documento señala que en el periodo corrido del año 2019 y 2020 - período durante el cual se inauguró la Secretaría de la Mujer - , 38 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso por violencia de género en el Tolima. La pregunta entonces es si ha producido algún efecto la creación de dicha institucionalidad y si se han evaluado las acciones llevadas a cabo para la prevención.
¿Con qué criterio se toman las decisiones de política pública orientadas a prevenir y atender las violencias? ¿Qué efectos han tenido estas medidas?
La decisión de la gobernadora de que en el Tolima se implemente la “estampilla familiar”, aprobada por la Ley 2126 del 2021, tiene que ser interrogada en este mismo sentido. De acuerdo con la norma, este dinero (aproximadamente el 2% de la contratación del departamento) debe destinarse para cubrir los gastos de “funcionamiento, personal de nómina, dotación de las comisarías” y además mejorar las “condiciones en la prestación del servicio”.
El reto, una vez sea aprobada en la Asamblea, va a tener que ver con el criterio de distribución de los recursos en todo el departamento; el apalancamiento del recaudo una vez se detengan los procesos contractuales, y, como siempre, el establecimiento de una estrategia de seguimiento rigurosa, que nos permita dar cuenta de resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo.
Pero más allá de las limitaciones operativas - que son las que pretender limitar con la estampilla - la revictimización en las comisarías de familia también constituye un grave problema, dado las mujeres que buscan ayuda frecuentemente se encuentran con procesos que obligan a la conciliación en casos que consideran inconciliables, lo que demuestra una falta de perspectiva de género, derechos humanos y la falta de conocimiento o de aplicación adecuada de la Ley 1257 de 2008 entre los funcionarios.
En la subregión PDET, en el sur del Tolima, entrevistamos a varias mujeres que denunciaron problemas con las Comisarías de Familia, y en general, con la activación de la ruta destinada a garantizar la protección de las víctimas. En lugar de estar al servicio de las mujeres, instituciones como la Fiscalía complican y desincentivan el ejercicio de la denuncia, lo que resulta en impunidad y más violencia:
“No hay confianza institucional, la Fiscalía no ha generado confianza institucional en la ruralidad, la Fiscalía General de la Nación, la ven allá lejos, lejísimos y ni siquiera saben para qué funciona, no la conocen la Fiscalía General y usted vaya a poner la denuncia, usted viera la eternidad de tiempos que hay que determinar allá, cualquier tipo de denuncia que usted va ir a poner allá requiere un protocolo de tiempo” (...).
“(...), empieza usted a dar la denuncia y empieza allá a cambiarle los conceptos de la denuncia: “No, es que eso no, le sugiero que lo escriba así”. Entonces el secretario es el que pone, recibe la denuncia y no tiene que sugerirle a la víctima qué fue lo pasó ni nada, no tiene que guiarle la denuncia, sino que recibe y escriba, escriba, y haga lo oportuno, yo sentí eso personalmente, y lo que hace el distanciamiento o lo que hace uno es distanciarse más”.
“Incluso cuando hablan esa parte, siempre hacen como la referencia a que no denuncien: “Deje eso así”. Eso como que le insinúa que: “¿Para qué denuncian?”. Se atreven a catalogar qué tipo de denuncias, que se pueden recibir o no.”
Entonces, una estrategia efectiva para prevenir y atender las violencias contra las mujeres debe incluir, además del fortalecimiento de las comisarías de familia, otras medidas complementarias. Esto implica la implementación de programas educativos que promuevan la igualdad de género y de derechos humanos desde las edades más tempranas, campañas de sensibilización enfocadas en focos neurálgicos de violencia, el fortalecimiento de redes de apoyo para las víctimas, y políticas públicas integrales que aborden las desigualdades socioeconómicas que a menudo ponen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Es fundamental, eso sí, garantizar que las políticas no se queden en el papel, como ha sido la realidad de las políticas públicas del departamento, sino que se articulen de manera eficaz y con recursos, en el ecosistema de planeación de la entidad territorial, empezando por el Plan de Desarrollo.
En conclusión, mientras que las comisarías de familia son una herramienta importante en la lucha contra la violencia de género, su fortalecimiento por sí solo no es suficiente. Se requiere un enfoque holístico que aborde las causas profundas de la violencia y promueva un cambio cultural hacia una sociedad más igualitaria, con plena equidad de género. Solo así podremos esperar lograr avances significativos en la erradicación de las violencias contra las mujeres.
