Robin Hood a la inversa: desfinanciar municipios pobres y concentrar el gasto en los que tienen más recursos
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“Obras son amores”, dice la sabiduría popular, y sí. De nada valen los discursos si en la práctica, las acciones y concretamente la plata, no se ven.
Desde el Centro de Estudios Regionales analizamos el gasto de inversión de la Gobernación del Tolima durante el cuatrenio anterior y encontramos varios asuntos preocupantes que nos tienen que convocar a un pacto por la equidad en la inversión del gasto público del departamento. La conclusión: mucha plata para unos, poco o nada para otros.
En la nota regional CERE 18 presentamos un análisis detallado sobre la distribución y ejecución del presupuesto en tres niveles: por pilares del Plan de Desarrollo, por Sujetos de Protección Especial Constitucional (NNA, mujeres, pueblos étnicos y víctimas), y por municipios, desde el punto de vista de los beneficios directos e indirectos que reciben a través de los proyectos de inversión de la Gobernación.
Frente a este último nivel, evidenciamos que hubo municipios “bendecidos y afortunados” que recibieron inversiones por las tres fuentes de inversión que analizamos (ICLD, regalías y empréstito), mientras que otros, por el contrario, sufrieron un verdadero apartheid institucional por cuenta de la inequitativa distribución de la inversión.
Por ejemplo, Ibagué y Chaparral, pese a ser municipios que cuentan con capacidad de recaudo y acumulan un importante presupuesto de recursos propios, recibieron más de $300.000 millones en inversiones de la Gobernación, mientras que municipios pobres como Piedras, Villarrica, Suárez, Palocabildo, Alpujarra, entre otros, se mantuvieron en la base de la tabla y no sumaron más de $30.000 millones entre todos (ni siquiera el 10% de lo que recibieron los dos punteros).
¿Cómo se explica que Ibagué, que durante el cuatrenio anterior consolidó un gasto de inversión por encima del billón y medio de pesos, concentre el porcentaje más alto de los recursos de inversión del departamento?
Solo de los recursos del empréstito de $180.000 millones que gestionó el exgobernador Ricardo Orozco, $64.000 millones se invirtieron en Ibagué (para vías y el complejo acuático del Parque Deportivo).
Este caso evidencia que la Gobernación aplicó un criterio de Robin Hood a la inversa: dejar de darle a los pobres para darle a los que más tienen, con una agravante: que se trata de infraestructura no estratégica (para el caso de las vías en Ibagué, por ejemplo), que a la larga no le va a generar ingresos ni al departamento ni a los municipios.
Lo anterior amerita una discusión pública, desde el punto de vista de lo que se hace con la plata proveniente de fuentes finitas, como las regalías, o carísimas, por los intereses que pagamos para acudir a ellas, como la deuda pública.
¿Tiene sentido invertir estos recursos en pavimentación de calles en los barrios de Ibagué o Mariquita cuando, para mencionar solo dos casos, Villarrica y Ambalema se quedaron sin los puentes de acceso a sus cabeceras municipales hace varios años?
Finalmente, en el análisis también identificamos una inversión reducida en proyectos para víctimas del conflicto armado y mujeres. Adicionalmente, encontramos inconsistencias en las cifras entregadas sobre la inversión por fuentes de financiación de proyectos que tenían como beneficiarios a jóvenes y población en discapacidad, pueblos y comunidades étnicas.
Sobre esto último, en este trabajo también pudimos evidenciar la dificultad en el acceso a información detallada sobre la ejecución del presupuesto, particularmente en lo que respecta a la distribución del mismo por las fuentes de financiación que revisamos, de acuerdo a los tres niveles de análisis. Contrario a los principios de transparencia que rigen la gestión pública, fue necesario proceder a través de derechos de petición y de tutelas, gracias a lo cual pudimos acceder a los datos.
En resumen, el documento subraya la necesidad de una mayor transparencia y equidad en la distribución y ejecución del presupuesto, recomienda una revisión de los procesos para asegurar una asignación de recursos más balanceada y justa que responda efectivamente a las necesidades de todas las comunidades dentro del departamento del Tolima.
Sea esta la oportunidad de hacer un llamado respetuosa a la Asamblea departamental, para que sea garante de ese pacto por la equidad en la distribución del gasto público.
