Síguenos en Google News
Con la aprobación del Plan de Desarrollo 2024 - 2027, la Asamblea Departamental dio luz verde a un nuevo endeudamiento: $260 mil millones que se suman a los $180 mil que nos legó el gobierno de Ricardo Orozco. En el escenario más favorable, para el 2026, la deuda con intereses rondará la cifra que titula esta columna:
$440 mil millones de capital más 360 mil de intereses, diferidos a diez años.
Pero en el peor de los escenarios, que no se puede descartar en el mundo de lo público, el monto podría superar el billón de pesos, para terminar pagando, con tasa de riesgo, $700 mil millones solamente en intereses.
Recursos con los cuales podríamos construir todas las vías secundarias del departamento, o siete hospitales como el que le prometieron a Chaparral o cuatro sedes más de la Universidad del Tolima. Y así sucesivamente.
Hace apenas tres años terminamos de pagar la deuda que nos dejó el primer gobierno de Oscar Barreto. Ciento cincuenta mil millones para obras y cerca de $75 mil en intereses. Los recursos se invirtieron en el “plan vial” para el cuatrenio y la infraestructura educativa del departamento, los denominados megacolegios.
En 2017, de nuevo, el ex gobernador acudió al endeudamiento. Esta vez fueron $50 mil millones, que se sumaron al empréstito de su primer mandato, proyectado a diez años. La justificación, de nuevo, fueron las vías y la infraestructura educativa.
Orozco, quien inició su mandato en 2020, comprometió $64 mil millones del endeudamiento que gestionó para pavimentar vías urbanas y construir una piscina en Ibagué, y el resto, lo destinó para su “plan vial”.
Como evidenciamos en investigaciones del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, las inversiones producto de empréstitos en el departamento no se definen a partir de criterios ni estratégicos ni de equidad - a pesar de que las pagamos todos y todas - y terminan beneficiando a unos pocos municipios, algunos de los cuales cuentan con importantes recursos de inversión para obras, como es el caso de Ibagué.
De la destinación de los $260 mil millones aprobados por la Asamblea a la gobernadora Adriana Magaly Matiz se ha dicho de todo, pero todavía no se tiene claridad sobre nada.
En el proyecto de Ordenanza se justificó para inversiones en “obras de infraestructura vial, turística, educativa, deportiva, hospitalaria y de gasificación en los diferentes sectores, así como en el fortalecimiento del desarrollo agropecuario (…)”; pero en las declaraciones de prensa se habla de la financiación de las iniciativas que surgieron en las mesas de innovación ciudadana, un asunto complejo por cuanto suman, mal contadas, 2047, de acuerdo con la sistematización que presenta el Plan de Desarrollo.
No obstante, más allá de la discusión sobre el criterio para definir el uso de estos recursos, persiste un problema de fondo, de gobierno, que la clase política del departamento parece que se resiste a asumir. Se trata del fortalecimiento del sistema de recaudo (i), la gestión de recursos frescos ante el gobierno nacional y la cooperación internacional (ii), y la austeridad en el gasto, particularmente en nóminas paralelas (iii).
La deuda excesiva no solo compromete las finanzas futuras, sino que también limita la capacidad de respuesta ante emergencias y reduce el margen de maniobra para inversiones estratégicas a largo plazo. Al privilegiar el endeudamiento, se desatienden oportunidades cruciales para fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo del departamento.
En lugar de recurrir de manera constante a préstamos, los gobiernos deben enfocarse en mejorar el recaudo fiscal mediante políticas eficientes y justas que incentiven el cumplimiento tributario y reduzcan la evasión. Un sistema tributario robusto y equitativo no solo garantiza recursos suficientes para la inversión pública, sino que también fortalece la legitimidad del gobierno y su capacidad para atender las necesidades de la población.
Si a esto se le suman una buena estrategia de relacionamiento con el gobierno nacional, los cooperantes y el sector privado, muy probablemente se podría gestionar financiamiento para proyectos importantes sin incurrir a deudas adicionales.
Finalmente, un compromiso serio con la racionalización del gasto y la eficiencia en el uso de los recursos, podría maximizar los beneficios de la intervención pública para la ciudadanía…
Lamentablemente, a juzgar por las dos cuartillas en las que se resume la estrategia de la gobernación para la “gestión y mejoramiento del recaudo” y por las justificaciones de los diputados que aprobaron el empréstito, en el Tolima, por ahora, vamos a seguir “asando y comiendo”.
