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La informalidad en la propiedad de la tierra ha sido una problemática persistente en Colombia, que afecta de manera significativa el sector agrícola y, en particular, la economía cafetera en las distintas regiones altoandinas del país, incluido - por supuesto - el Tolima. Esta situación no solo refleja un desafío para la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del campo, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas efectivas que aborden la raíz del problema.
Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), un alto porcentaje de los predios rurales en Colombia se explotan sin títulos de propiedad, gran parte de estos ubicados en zonas clave para la producción de la que durante todo el siglo pasado y lo que va del presente, ha sido la principal economía del país: el café.
La paradoja la expresó la propia ministra de agricultura, Jennifer Mujica, en una entrevista para el podcast A fondo, con la periodista Maria Jimena Dussán. Según la funcionaria, “hoy el 60% de la tierra en Colombia está en informalidad (…). Por dar un ejemplo, cafeteros: más del 70% no tienen propiedad de la tierra, y eso que es un sector que lleva 120 años siendo la bandera de nuestro principal producto nacional (…). Son poseedores, están en informalidad (…)”.
La raíz de la informalidad en la propiedad de la tierra, de acuerdo con al UPRA, se encuentra en la complejidad de los procesos de sucesión, los conflictos por la división de herencias y la ocupación de terrenos baldíos, entre otros, pero en el caso del café, se explica por un asunto clave: la composición social de la estructura de la producción. Se trata, según la Ministra, de pequeños campesinos que cultivan entre media y tres hectáreas, que no tienen dolientes en la dirigencia gremial y mucho menos en la clase política.
Esta es la razón por la cual debemos empezar a cuestionarnos sobre la orientación de la política cafetera en departamentos que, como el Tolima, ponen todos los huevos en la canasta de los cafés especiales, en tanto que los recursos públicos – no solo los financieros, sino los institucionales en general – se dirigen a beneficiar casi que de manera exclusiva a un pequeño grupo dentro del grueso de la cadena agrícola, en detrimento del grueso del campesinado cafetero.
Planadas es posible la mejor muestra de ello. Reconocido por el alto perfil de tasa de la producción de algunas de sus fincas cafeteras, se ha beneficiado de importantes inversiones públicas y privadas enfocadas exclusivamente en un pequeño porcentaje de las parcelas que tienen potencial de exportación.
Sin embargo, en el anverso de esa política - cuyos beneficios todavía no podemos determinar - el fenómeno de la informalidad de la propiedad rural alejada de todo tipo de control institucional, tiene al municipio sumido en un caos catastral que hasta el día de hoy limita las acciones administrativas en materia de planificación territorial, recaudo fiscal y fortalecimiento institucional.
De acuerdo con el análisis que realizamos en CERE sobre la implementación del ordenamiento social de la propiedad rural en el municipio, en Planadas – pero puede ser el caso de la mayoría de los municipios del Tolima -, la inseguridad jurídica de la propiedad ha provocado un rezago en varios asuntos que afectan el desarrollo municipal.
Esto tiene que ver con: I. un impuesto predial desactualizado (la última actualización catastral data del 2004), II. bajo desempeño fiscal, III. un mercado inmobiliario limitado, IV. inflación de precios en los avalúos catastrales basados en juicios meramente subjetivos, V. parcelación ilegal de propiedades, VI. compra y venta de propiedades en zonas protegidas y zonas de riesgo y, VII. compra y venta por carta venta sin ningún otro tipo de soporte jurídico. Esto último ha conllevado históricamente a problemas judiciales y administrativos por estafa, y la adquisición de propiedades con problemas y/o restricciones jurídicas que imposibilitan su legalización, la tenencia y la comercialización formal de la misma.
Lo anterior, sin contar los impactos que la informalidad tiene en el desarrollo regional, precisamente porque limita el acceso al crédito y por eso mismo, la capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales; inhibe las inversiones en infraestructura y mejoras productivas y, finalmente, castiga a las poblaciones que se mantienen en situación de vulnerabilidad por pobreza, limitación a servicios básicos y conflictos por la tierra.
Desde este punto de vista, la situación de la informalidad de la tierra en el Tolima no es solo un asunto de legalidad y administración de recursos, es una cuestión de justicia social y desarrollo equitativo. Los pequeños y medianos productores de café, quienes son el corazón de esta economía, merecen un futuro donde la seguridad de su tierra no sea una constante preocupación, sino un pilar para su crecimiento y bienestar.
