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La noticia de la financiación del nuevo hospital de Chaparral es, sin duda, extraordinaria. Es una obra que, bien encaminada, podría beneficiar a todo el sur del Tolima, una porción de territorio empobrecida en donde viven, mal contadas, 500.000 personas. Sin embargo, la noticia de que su construcción quedó en manos de un contratista cuestionado, sin una experiencia destacable, producto de una licitación que lo tuvo como único proponente, es un terrible precedente.
Para usar los términos grandilocuentes del gobernador: la obra es histórica, pero la posibilidad de que se arruine, también lo es, y eso no es una buena noticia.
Entre los nueve municipios que conforman la provincia sur, se encuentran las poblaciones más pobres del departamento: entre Coyaima, Ataco, Planadas y Rioblanco, la pobreza multidimensional triplica en promedio al departamento y sobrepasa por mucho el total nacional.
Solo entre los cuatro municipios PDET (Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral), el cono sur suma - en un territorio más grande que el Quindío - 470 veredas y cerca de 300.000 personas quienes hoy por hoy, acceden - en los cascos urbanos - a servicios de salud precarios a través de tres hospitales de nivel uno (en los tres primeros municipios) y uno de nivel dos (Chaparral).
Las poblaciones rurales de estos municipios - que en proporción superan a la de las cabeceras municipales -, tienen que desplazarse largas distancias hasta los pueblos - a través de vías terciarias en mal estado -, para poder acceder a urgencias o a la atención prioritaria que no encuentran en su territorio, cuyos centros de salud se encuentran completamente desmantelados.
En el siguiente mapa, elaborado por el equipo del Centro de Estudios Regionales, se pueden evidenciar dos cosas. Primero, la dispersión del equipamento estatal respecto de la extensión territorial, y segundo, las distancias entre zonas rurales dispersas y cabeceras municipales, en donde se concentra toda la “institucionalidad”, incluida la de los servicios de salud.
En suma, pese a que los $86.000 millones anexados para el nuevo hospital no contemplan la construcción de infraestructura rural (no se piensa como sistema de salud para el territorio), la noticia es buena, y la obra, necesaria.
De hecho, a pesar de que la Gobernación se ha resistido a dialogar con las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, tanto la construcción de hospital del sur como la de la sede sur de la Universidad del Tolima (que va a financiar el gobierno nacional), fueron algunas de las principales demandas de la población en los pilares de su Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR).
No cabe duda entonces de que la salud es uno de los problemas sentido de la población del sur del Tolima. Lo que no se entiende es por qué, siendo esto tan importante y los recursos tan escasos, no se hizo lo posible por garantizar la competencia en el proceso licitatorio, que promovieran la llegada de contratistas de reconocida trayectoria nacional, que pudieran ocuparse de la construcción de esta obra.
La maniobra antitécnica para entregarle la construcción del hospital de Rioblanco al mismo contratista, per sé, ya constituye un hecho histórico. No le queda de otra a la población que hacer veeduría al proceso de construcción para que la historia que se cuente del hospital sea la que el gobierno departamental quiere que creamos.
Ya veremos.
