Síguenos en Google News
Tras un año en la presidencia de la República, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ya hizo - exitosamente - todas las tareas que sus antecesores, con excepción de Duque-Ramírez, hicieron en el cargo durante el primer tramo del cuatrenio: mejorar el grado de inversión, equilibrar la balanza de pagos, acatar la regla fiscal, ampliar el recaudo tributario, maniobrar los efectos del dólar, el petróleo y el café sobre el gasto, la deuda y el consumo interno, bajar la inflación, honrar las transferencias condicionadas y aprobar una Ley de Plan de Desarrollo que les permita movilizar la inversión para el periodo.
Pero este gobierno, que está jugado por las transformaciones, no se contenta con buenas notas en macroeconomía. Presiona - todavía sin mucha destreza - todos los botones que puede para que la maquinaria del Estado responda a las demandas sociales que en campaña, Petro y Márquez, prometieron satisfacer.
Ya vieron descender levemente la pobreza multidimensional, aumentaron las transferencias condicionadas - ahora llamada “Renta ciudadana” - que concentraron en madres cabeza de familia, adultos mayores y jóvenes, con el objetivo de mejorar el ingreso de hogares en pobreza moderada y extrema que hoy, según datos del programa de alimentos de las Naciones Unidas, no tienen cómo alimentarse.
La reactivación de los mecanismos de la reforma agraria (Decreto 387 de 2023), y el acelerador en la formalización y compra de tierras, corazón del Acuerdo de Paz con las Farc, hacen parte de la política nacional que pretende garantizar la soberanía alimentaria, para que el mundo rural salga del atraso y la pobreza.
En otra columna hablé del Acuerdo de Escazú, la declaración del campesino como sujetos de derechos y la jurisdicción agraria, como las bases de ese nuevo modelo de desarrollo que promueve este gobierno. (Ver más: Derechos del campesinado, jurisdicción agraria y Acuerdo de Escazú, bases de un nuevo modelo de desarrollo)
Otras iniciativas, concentradas en el paquete de reformas que se presentaron al Congreso, se entroncan con las transformaciones en las que el gobierno se juega su capital político: la de la salud, para que la lógica del mercado no siga imperando por sobre la garantía del derecho fundamental.
Hoy, por ejemplo, regiones extensas como la subregión PDET del sur del Tolima, solo cuenta con cuatro hospitales, uno de nivel 2 (Chaparral), para atender a más de 300.000 personas que viven mayoritariamente en áreas rurales dispersas (470 veredas), sin buenas vías de acceso y sin centros de salud cercanos.
También está la de la educación, para que, como describí en mi columna anterior, se garantice el acceso a la educación superior a jóvenes de regiones excluidas y afectadas por la violencia (500.000 nuevos cupos), por la vía de la gratuidad, la construcción de nuevas sedes universitarias y de programas de tránsito inmediato desde la secundaria. El sur del Tolima, de nuevo, se vería beneficiado de manera muy importante.
La paz, la otra tarea, después de la macroeconómica, en la que se han concentrado sin excepción los gobiernos de la derecha - ya sea para sentar procesos de paz o para ir a la guerra total - también hace parte del horizonte del gobierno nacional, aunque por ahora, con más audacia que eficacia.
Como expresó el mismo Petro en un trino a un Senador de oposición, “no hay que hacer trizas la paz”:
Exactamente senador. Santos nos dejó el país bastante pacificado con un ELN reducido, un Clan reducido y sin disidencias; y ¿adivine que pasó?:
Alguien decidió hacer trizas la paz. Usted senador decidió apoyar su gobierno y nos entregaron un ELN cuatro veces más grande, un Clan… https://t.co/dtGCDWuhIa— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2023
Pero a las fuerzas sociales y políticas que han gobernado y tenido control del Estado colombiano durante toda su vida republicana, no solo no les gusta esta propuesta de cambio - lo cual es perfectamente comprensible, dado que afecta algunos de sus más caros intereses - sino que parece que en sus planes, no les cuadra que el país vaya bien.
Lo primero que se les cayó fue el discurso: ni Biden sacó del llavero a Petro, ni Maduro gobierna nuestra porción de territorio, ni se fueron los inversionistas extranjeros, ni va a haber reelección presidencial, ni el fantasma de la expropiación se hizo carne, ni el dólar llegó a $7.000, ni siquiera a $5.000. Nada, absolutamente nada de lo vociferado en campaña pasó.
Y lo segundo, es que las derechas no han logrado articular ni posicionar un bloque - ni un liderazgo - de oposición de la talla del presidente. A falta de eso, como señala certeramente el periodista Carlos Cortés, “la oposición del gobierno la protagoniza una alianza entre el periodismo fletado de un grupo empresarial y un Fiscal condenado a la insignificancia”.
Paradójicamente, antes que Petro arrastre las instituciones democráticas y la división de poderes, lo está haciendo la oposición: el fiscal general y la procuradora hacen política abiertamente contra el Ejecutivo, en los medios y en las Altas Cortes; la Federación de Gobernadores, en una actitud hasta ahora no conocida, pide renuncias de ministros; Germán Vargas Lleras y Cambio Radical pagan multimillonarias campañas de desprestigio contra el presidente de la República, algunos gremios económicos en desbandada, atacan la institución presidencial como si no hubiera un mañana.
Todos, por supuesto, cuentan con los grandes medios de comunicación, cuyos directores son militantes de primer nivel de esa oposición extendida que hace rato desbordó el mundo político (el de los partidos) y se concentra en los factores reales de poder. Solo les falta la iglesia.
