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Los lamentables hechos de esta semana en los que perdió la vida una mujer que operaba un modesto negocio de comidas en inmediaciones del Sena, en el sector de Picaleña, afectando la salud de varios estudiantes de esa institución, no puede ser vista como un simple hecho motivado en el infortunio.
Una mirada un poco más aguda, deja en evidencia los riesgos que están latentes a lo largo y ancho de la infraestructura del servicio de gas natural y de otros servicios en nuestra ciudad.
No somos ciertamente un conglomerado social que tenga la previsión del riesgo como una prioridad; el zigzagueo de los motociclistas en las vías, el irrespeto permanente a las señales de tránsito y, en particular a los semáforos, el uso inadecuado de motocicletas con la ocupación de tres y más personas o con estructuras salientes.
El consumo abusivo de enervantes y nuestra proverbial intolerancia, son muestras evidentes del desprecio que generalmente tenemos por la seguridad, la tranquilidad y, en últimas, por la previsión del riesgo.
No es difícil de avizorar; sin embargo, que a lo largo y ancho de la ciudad las zonas por donde discurren las redes principales de servicios públicos y, en este caso, las del suministro de gas natural, están siendo ocupadas por casetas, cambuches y construcciones precarias que quedan, de esta manera, en situación de riesgo inminente ante un evento de la naturaleza del que tuvimos que presenciar desafortunadamente esta semana.
Para los expertos, el asunto técnico se resume en el debate acerca de a quién atribuir la responsabilidad extracontractual, en un tire y afloje en el que se ponen en juego argumentos de responsabilidad objetiva por una parte y por otra, de culpa de la víctima que tenía su negocio en área de riesgo inminente.
Pero más allá de las valoraciones de los abogados, el prestador y el municipio, están en mora de visibilizar el problema de la ocupación del espacio público por el que discurren peligrosamente las redes principales y de distribución de gas, energía, acueducto y alcantarillado; ocasionando indudablemente un riesgo que se materializa en la pérdida y/o afectación de vidas humanas, daños a la salud, el patrimonio y perturbación de la continuidad de los servicios.
No se trata solamente de un problema de diligencia para acometer la tarea de inventariar la ocupación del espacio público por el que discurren las redes del gas natural; se trata también de un tema de carácter del administrador, que hace un ejercicio pusilánime de su competencia policiva para hacer oídos sordos por conveniencia y por pereza ante la evidencia incontrastable del grave peligro que afrontan quienes incurren en la ocupación del espacio público en estas riesgosísimas condiciones.
La problemática de ocupación del espacio público con el falente ejercicio de la autoridad policiva, está a la vista del observador más despistado a lo largo y ancho de la ciudad; ello origina propensión al delito, la afectación de la movilidad peatonal, contaminación visual y otros males colectivos.
Pero la miope actitud del prestador y del municipio ante la ocupación de las zonas por donde discurren las tuberías del gas natural, es realmente criminal.
Un administrador que esté orientado por los principios y no por la coyuntura no elude el cumplimiento de la ley con la sola finalidad de evitar el conflicto con los ocupantes. El titular de la función de policía debe actuar positiva y firmemente recuperando dichos espacios entre otras razones para proteger la vida de esos mismos ocupantes.
Seguramente si el prestador hubiese obrado en consonancia con la protección de la red y el titular de la función de policía ejerciera su competencia, no estaríamos lamentando la pérdida de una vida y los graves efectos en la salud de varios aprendices del Sena. Mientras tanto, el área responsable de la gestión del riesgo y el propio burgomaestre guardan un conveniente silencio. Esto no tiene que ver con ellos.
