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Obtuvo un reconocimiento especial la doctora Olga Lucía Liévano por parte del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Consistió dicho homenaje fue la aceptación de su carta de renuncia al cargo de secretaria de Movilidad.
La abogada que tiene una importante hoja de vida, particularmente en asuntos jurídicos en el Departamento. Había llegado inexplicablemente a una Secretaría que más que un cargo es un insulto. Por ello, debe estar celebrando que pueda dar un portazo y abandonar esa olla podrida en la que se convirtió la dependencia y que, seguramente, le pesa haber aceptado.
Soy de la opinión que la doctora Olga Lucía Liévano, César Yáñez, un ingeniero con indudable cualificación en el tema vial o Juan Carlos Núñez, dotado de una estrecha amistad con Hurtado, o cualquier persona que sea designada en esa Secretaría está llamado a hacer crisis en un cargo tan inestable como el de Presidente de Perú.
La amistad de Núñez y Hurtado viene de años atrás, cuando trabajaron juntos en el Ibal. Ambos ocuparon cargos del nivel medio, del que salió, desafortunadamente para la ciudad, a gobernarla. Todo por culpa y responsabilidad única de un actual Senador de la República.
La ingobernabilidad de la Secretaría de Movilidad tiene unos orígenes que están a la vista del observador más despistado.
La distribución de responsabilidades, cargos y contratistas está mediada por criterios absolutamente politiqueros que redundan en la división de la entidad en parcelas que deben lealtad y reciprocidad a sus mentores y no a la institución.
El rezago tecnológico de la entidad es proverbial, en comparación con las robustas herramientas con las que operan otras secretarías de similar tamaño y la implementación de mejoras siempre ha sido aplazada porque el interés último de los dueños de las parcelas administrativas es que todo sea un caos, porque de esta manera sus servicios y recomendaciones son apreciados y valorados.
Las soluciones que algunas ciudades han implementado para intervenir las “cuevas de rolando” en la que se terminaron convirtiendo las secretarías de Movilidad, implican un ejercicio de racionalización y reducción de requisitos al ciudadano para hacer más eficiente la prestación del servicio.
La implementación de los elementos tecnológicos que favorezcan la gestión virtual de la mayoría de procedimientos, el diseño e implementación de una política que privilegie al usuario y que deje de considerarlo un sujeto problemático; servicios, inversiones y tecnologías que están a disposición en el mercado de proveedores de servicios de concesión. ¡Sí, de concesión! Mágica palabra que calculadamente se ha desprestigiado en el Concejo de Ibagué para no desamarrar a vaca que tan cumplidamente ordeñan.
