Seguridad para quién

Este fin de semana fue noticia nacional el reclamo del gobernador Ricardo Orozco, porque la Fuerza Pública le recomendó no asistir al acto de entrega del puente que comunica a Alpujarra con Huila, al sur oriente del Tolima. Según Orozco, por cuenta de la política de paz total, “el país navega 30 años atrás en materia de seguridad”.

Es la primera vez que el Gobernador hace un reclamo de esa calibre al Gobierno Nacional. Durante los dos años de convivencia con la administración de Iván Duque, que se caracterizó precisamente por los altísimos niveles de violencia armada en todo el país - incluido, por supuesto, el sur del Tolima -, Orozco no dijo ni mú.

Cuando las dos disidencias de las Farc reanudaron el reclutamiento de menores en el sur y oriente del departamento, hecho que fue alertado por el Centro de Estudios Regionales en el 2020-2021, y la Defensoría del Pueblo en 2022 (AT 016-2022), el Gobernador no habló con tanta determinación.

Ni siquiera cuando masacraron a toda una familia en el área rural del municipio de Chaparral, un hecho del que no se tenía registro en el sur desde la incursión del paramilitarismo, Orozco dijo algo similar respecto de la política de paz y de seguridad del gobierno nacional.

Al contrario, la fórmula fue siempre la misma:

1. Privilegiar la mirada de la Fuerza Pública por encima de la de otros actores estatales como la Defensoría del Pueblo, las personerías, y por supuesto de la academia y los líderes sociales.
2. Negar la existencia de grupos armados, a no ser que se tratara de mostrar positivos a la opinión pública (capturas o bajas).
3. Dejar en entredicho las denuncias por reclutamiento ilícito con el argumento de que “los muchachos no se van obligados”.
4. Consejos de seguridad sin la voz de la sociedad civil, sin diagnósticos públicos y sin conclusiones que se den a conocer a la opinión.
5. Planes y rutas de prevención y protección en el papel, sin capacidad de implementación.

Durante el último año de la administración Barreto y los tres y medio que van de la actual, el dividendo de paz que dejó el Acuerdo con las Farc en el sur del Tolima se deterioró progresivamente. En esta columna he llamado la atención insistentemente sobre eso.

Ver columnas de opinión sobre seguridad en el sur del Tolima: www.elolfato.com/andres-tafur-villarreal

De hecho, cuando a partir de la evidencia en los datos y el trabajo de campo, recomendamos desde el Centro de Estudios Regionales avanzar en la creación de una  mesa interdepartamental e intermunicipal, liderada por la gobernación del Tolima, en la que se tomaran medidas para prevenir el accionar de los grupos armados, especialmente contra los menores; fue el gobernador del Huila, quien con el acompañamiento del Alto Comisionado de Paz de la época, sentó a sus homólogos del Tolima y Cauca en Neiva con el objetivo de articular acciones para prevenir el reclutamiento y el control de corredores de narcotráfico en doce municipios de los tres departamentos: Corinto, Miranda, Toribío, Páez e Inzá (Cauca); Rioblanco y Planadas (Tolima); y Teruel, Íquira, Nátaga, Paicol y la Plata (Huila).

Llama la atención que solo hasta ahora, advertido por informes de inteligencia que por supuesto no conocemos, el gobernador denuncie el deterioro de la seguridad en el departamento, después de la emisión de dos alertas tempranas durante su mandato. Y muy lamentable que no sea por el incremento del sicariato, el desplazamiento y el reclutamiento, el uso y la utilización de menores en actividades delictivias, sino, porque tendrá que viajar en helicóptero a entregar una obra.