El Tolima en la política de la vida del Presidente Gustavo Petro

Finalizada la campaña, borrón y cuenta nueva. En su primera alocución presidencial, el mandatario electo convocó un gran Acuerdo Nacional, sobre la base de lo que él ha denominado la “política de la vida”, con fundamento en tres grandes ejes: la paz, la justicia social y la justicia ambiental. 

Se trata de tres elementos fundamentales para el desarrollo del departamento, habida cuenta de sus rezagos en estas materias, que van a estar en el centro del diálogo regional que pretende animar el Alto Gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto. 

La “política de la vida” se concretará en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Colombia: potencia mundial de la vida”, hoja de ruta para los próximos cuatro años, o seis, en caso de que logre contagiar la discusión de las elecciones territoriales del 2023. 

La paz, el verdadero quien pudiera

Como lo mencioné en una columna anterior, la violencia en el sur del Tolima se redujo en casi todos los indicadores relacionados con el conflicto armado a partir de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. La victimización por actos terroristas, por ejemplo, que en 2011, 2012 y 2013 había alcanzado los máximos históricos con más de 70 casos anuales, desapareció en casi la totalidad de los nueve municipios de la subregión: Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. 

Asimismo, según los datos del Registro Único de Víctimas, el desplazamiento forzado se redujo a niveles nunca vistos en los últimos 25 años. De los máximos históricos de casi 15.000 personas desplazadas en un año (2007), las cifras para el periodo 2017-2019 no alcanzaron los 500 habitantes, con una tendencia de decrecimiento constante. De hecho, para 2020, la cifra tendía a cero y los municipios víctimas del delito fueron solamente dos.

El caso de los homicidios y los asesinatos selectivos es también relevante. Luego de un periodo de casi 800 homicidios anuales (2000-2003), seguido de uno un poco menos preocupante con una media de 300 asesinatos cada año (2004-2011), las víctimas de homicidios se redujeron a casos puntuales en el periodo 2016-2019.

Sin embargo, la luna del miel del Acuerdo de Paz no duró tanto. Pudo más la desidia de la dirigencia política, expresada en la falta de garantías para el cumplimiento de los acuerdos de paz en perspectiva regional, y la ineficacia en la resolución de los problemas básicos de la población rural, con lo cual, empezamos a ver señales claras de reactivación de procesos violentos en la subregión. 

Los indicadores a la baja en el periodo 2017-2019 invierten la tendencia en el 2020 y, sobre todo, en el 2021. El un análisis que realizamos junto con la Universidad Central de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona, evidenciamos un alarmante incremento de casos de violencia (atribuida tanto a las disidencias de las FARC, como a grupos postdesmovilización de los paramilitares) en varias partes del territorio colombiano, y que se manifiestan con contundencia en el sur del Tolima. 

Los datos en prensa también reafirman la presencia de la violencia en la región: de menos de 10 noticias sobre el conflicto armado publicadas entre 2017 y 2019, para 2020 y 2021 el indicador subió nuevamente hasta 33,5 piezas periodísticas que reportan asesinatos, amenazas a defensores de derechos humanos, reclutamiento de NNA por parte de estructuras armadas, desplazamiento forzado y masacres. 

De acuerdo con lo anterior,  en el escenario de diálogo que plantea el nuevo gobierno, se requiere un acuerdo urgente para la instalación de una instancia regional de coordinación de la implementación del Acuerdo de Paz, que le dé un papel protagónico tanto a los entes territoriales, como a la sociedad civil. 

Así mismo, se tiene que encarar una discusión franca acerca de una nueva perspectiva en materia de seguridad que privilegie la protección de la población y la garantía de los derechos humanos, sobre la fallida estrategia de los objetivos de alto valor, la militarización per sé y la estigmatización de territorios y poblaciones. 

También se tiene que asumir con seriedad el problema de las drogas en el departamento, un tema del que nadie habla pero que nos tiene contando muertos todos los días. Entre “ajustes de cuentas”, según la única hipótesis de la Policía, se desangra la juventud tolimense. 

Pobreza y desigualdad, el reto de la justicia social

Que “no hay paz viviendo en la pobreza y el hambre”, es un asunto elemental que deberían aprender las y los funcionarios de la sabiduría popular . En distintos documentos del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, hemos llamado la atención sobre las preocupante situación del departamento en este sentido. 

De acuerdo con los datos de la encuesta de calidad de vida del DANE, la pobreza multidimensional ha tenido una tendencia creciente en el Tolima, que lo ubicó por encima del porcentaje nacional desde 2015 a la fecha, muy lejos de cumplir la meta regional trazada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. De acuerdo con las variables de este índice, los rezagos más importantes del departamento tienen que ver con el bajo logro educativo, el desempleo de larga duración, el rezago escolar y el trabajo informal. 

Datos que deben ser observados desde el punto de vista de la altísima desigualdad socioterritorial entre cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales dispersas, en donde las privaciones relativas a estas materias se suman a las de condiciones mínimas de habitabilidad, como el acceso a agua potable, por ejemplo. (Un análisis en esta dirección se puede leer en nuestro Boletín de Análisis Regional N. 1 “Desafíos de equidad frente a la pandemia COVID-19. Recomendaciones para el Tolima”).

En cuanto a otras mediciones de pobreza, la incidencia de la pobreza monetaria que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas, muestra un comportamiento similar al de la pobreza multidimensional. 

De acuerdo con los datos del DANE, en 2020, más del 45% de la población no contaba con los ingresos suficientes para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia. 

La nueva agenda del gobierno nacional debe entonces procurar atender las variables del IPM anteriormente mencionadas, generar estrategias de ingreso para familias en situación de pobreza y consolidar una estrategia de coordinación interinstitucional (a través de Prosperidad Social), que permita a los entes territoriales - gobernación y alcaldías - vincularse activamente a la realización del objetivo de la justicia social. Como siempre, con veeduría de la sociedad civil. 

Todo lo anterior sin dejar de lado un enfoque diferencial en la generación de políticas, que focalice a las madres cabeza de hogar, a los jóvenes y a los pueblos étnicos, los cuales se quedaron esperando una política pública territorial robusta que atendiera las especificidades de su modo de vida. 

El desafío de generar riqueza con base en la sostenibilidad

De los cuatro pilares del Plan de Desarrollo del gobernador Ricardo Orozco, es Pilar de Sostenibilidad es el que tiene mayor rezago.

De acuerdo con los hallazgos del seguimiento que realizamos a la implementación del PDT para la vigencia 2021, de las 41 metas distribuidas en los tres programas del Pilar para el cuatrenio, el 17,07% no habían sido ejecutadas, aunque se encontraban en vigencia; el 39,02% registraba una ejecución menor o igual al 39%; el 31,71% contaba con un rango ejecutado de mayor de 39% y menor o igual que 74%, y solamente el 4,88% de las metas se encontraban en el intérvalo de ejecución mayor del 74% y menor a 100%.

Una de las conclusiones que quedaron de nuestro informe de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tolima, fue precisamente que los ODS con mayores rezagos son el 6: Acceso a agua potable, y el 13: Acción climática, que, definitivamente es el de peor desempeño al registrar sus metas físicas un avance inferior al 39%. (Ver nuestro Informe 7 “Seguimiento a los objetivos  de desarrollo sostenible en el departamento del Tolima 2015-2020”).

En el escenario de un diálogo regional por la justicia ambiental, el actual gobierno departamental - y la Corporación Autónoma Regional del Tolima -  tienen que hacer un esfuerzo por corregir esta situación, y asumir un compromiso más serio con la conservación ambiental, por lo menos en tres escenarios: 

La articulación programática con la Ordenanza 014 de 2019 “Por la cual se adopta la política integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima (…)”, su Plan Integral y el respectivo documento de política

El cumplimiento de los compromisos asumidos en las ordenanzas por las cuales se declaran las cuencas mayores de los ríos Totare, Lagunilla, Recio, Gualí, Saldaña, Coello y Opia, como sujetos de derechos para su protección, recuperación y conservación 

Implementar las acciones acordadas en el denominado “Pacto de Sumapaz”, que dio pie a la declaratoria de emergencia climática del departamento el año pasado

Del otro lado, en el Alto Gobierno, se tiene que hacer lo posible porque la paz, la justicia social y la justicia ambiental, no solamente puedan articularse con los actuales planes de desarrollo territoriales, sino que constituyan los ejes programáticos de los que vienen, para el cuatrenio 2024 - 2027. Al Tolima le conviene.