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De manera casi anecdótica ha registrado la prensa nacional la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, que impuso una sanción pecuniaria y otra de arresto al Presidente de la República por haber desacatado un fallo de tutela referente a la protección del Parque de los Nevados.
La gran prensa nacional ha titulado y desarrollado la noticia con un tufillo de mofa por la decisión, señalando su condición de “insólita” y desestimando las consideraciones del juez competente al momento de valorar el cumplimiento de la orden impuesta al Presidente de la República.
No sobra aclarar para quienes no lo saben, que las decisiones de los jueces de tutela que imponen sanciones por desacato son obligatoriamente consultables y que su efectividad solo es posible en el evento en que el superior haya validado el pronunciamiento del inferior, regla que es claramente garantista y razonable.
Seguramente dentro de sus consideraciones, la Corte Suprema como superior jerárquico del Tribunal de Ibagué, valorará la escasa jurisprudencia sobre el tema y definirá si la declaración de desacato implica o no una sanción “penal”, que es la órbita a la que está reservado el fuero presidencial.
El Presidente Duque por su parte no ha sido en esta oportunidad inferior a su permanente desprecio por las instituciones que representa, como cuando orquestó una agresión directa a la Constitución con la aprobación de una modificación espuria a la ley de garantías, para garantizar la captura del Congreso a manos de sus amigotes o cuando intervino activamente en política partidista contrapetrista, a sabiendas que en su teoría constitucional el control sobre el Presidente es inexistente en manos del Congreso; hechos estos por él mismo y que la gran prensa califica como deslices menores.
Y ahora que en la institución alguien se atreve a proponer alguna medida contra el lavaperros(*) del presidente eterno; este clama vehementemente por el respeto de una Constitución que, desojada y usada con fines sanitarios ya consumados, yace en la papelera del sanitario presidencial.
El equipo jurídico de palacio citado de madrugada y con urgencia, radica una queja inmediata contra los magistrados que osaron recordarle al que dijo Uribe, que por lo menos en teoría en este país nadie está exento de controles, conducta imperdonable para unos jueces de una recóndita provincia por la que trasegó su madre (la del Señor Presidente) y de la que solo recuerda las genuflexiones de los Sánchez en búsqueda de una entrevista presidencial que nadie quiere escuchar.
Precisamente ahora que el país se dirige irrefrenablemente en dirección inequívoca a los brazos del populismo, solo nos quedan las instituciones para mantenernos a flote.
Cuando la gran prensa aplaude rabiosamente la agresión a los jueces, cuando el cargamaletas(*) de Luigi califica a voz en cuello de prevaricadores a los jueces del Tolima en noticias nacionales; cuando la vehemencia de la defensa de la Constitución solo cobra sentido para agredir a la rama judicial, cuando la oferta de los dos candidatos presidenciales pasa por el uso inconstitucional de los estados de excepción para cumplir con su oferta política; estamos cortando con todo regocijo la manguera del oxígeno que mantiene con vida a ese paciente en delicado estado que se llama Colombia. Felices sueños.
(*) Las expresiones “lavaperros” y “cargamaletas de Luigi” son tomadas de la Senadora María Fernanda Cabal y reproducidas por la Revista Semana, entre otros medios nacionales de reconocida credibilidad; si bien reconozco que yo mismo soy un “lavaperros” y “cargamaletas” como lo pueden testimoniar Eva, Pitor y Stefany entre otros.
