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Hace dos años me posesioné en la dirección del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (CERE UT), naturalmente, con muchas expectativas. Propuse trabajar en cuatro ámbitos:
- Gobernabilidad local
- Capital social
- Desarrollo económico local
- Paz, derechos humanos y seguridad
Sobre lo primero, sigo pensando que es necesario ir más allá del consenso sobre el abandono del estado. Estado hay, pero no tenemos un diagnóstico claro sobre cómo funciona en el nivel local y departamental, ni de los recursos con que cuenta, etc., preguntas todas orientadas a su eficacia y a su legitimidad en ámbitos diversos como el gobierno (políticas públicas, planeación), la justicia y el desempeño fiscal.
¿Qué nos corresponde? Dos cosas: en principio, medirlo. Para esto trabajamos en la construcción de un índice gobernabilidad que le tome el pulso a la ejecución, el desempeño, la tributación, la justicia y la participación política en el nivel local. Y dos: etnografiarlo, a través del contacto cotidiano con funcionarios y comunidades.
Pero queremos ir un poco más allá y poner la mirada sobre gobernanza territorial, por dos asuntos importantes: porque la escala de análisis debe abarcar no solamente a las alcaldías sino al gobierno departamental, como un actor estratégico en el nivel territorial, y también, porque queremos desbordar la órbita de la estatalidad para pensar la agencia de otros actores (aunque eso complejice sobremanera el asunto).
Y eso es lo que nos pone en el plano del capital social, porque hasta el más estadocentrista de los enfoques debe considerar el papel que pueden juegan otros actores/fuerzas sociales en la ordenación del territorio.
¿Quién regula el orden social en donde “no hay estado”, en aquellos niveles y/o capas territoriales en donde la debilidad institucional es prácticamente incorregible?
Durante mucho tiempo, prácticamente en toda el área rural del departamento, mandaron los actores armados ilegales, y las comunidades tuvieron que vérselas con ellos. Incluso los funcionarios. Mandaba la guerrilla o los paramilitares. En ese contexto agreste se fue hilando un tejido social que constituye el activo más valioso para la democracia en la región.
Las asociaciones, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las Juntas de Acción Comunal, los cabildos y resguardos… permanecen, los grupos armados se van (sin cerrar la puerta para volver), y el estado siempre llega tarde, ¿Qué hacer?
Nos hemos concentrado en la formación en capacidades, como sinónimo de formación ciudadana, y en el fortalecimiento de las organizaciones a través de diplomados, seminarios y talleres, pero tenemos una deuda: pensar acciones para proteger la acción colectiva y el diálogo social, a fin de que los actores estatales entiendan que es con la comunidad, y no en contra de ella, como se debe gobernar el territorio.
La promoción y el fortalecimiento de redes, procesos asociativos y de liderazgos inclusivos y cooperativos, así como la construcción de confianza entre los anteriores y la estatalidad en los niveles local, regional y nacional, son una condición fundamental para el desarrollo, nuestro tercer ámbito de trabajo.
Por ahora, avanzamos en la caracterización de la desigualdad en el departamento, en tres niveles: desigualdad socioeconómica medida a través de pobreza monetaria y multidimensional, desigualdad étnica y de género, y desigualdad socioterritorial, a propósito de la crisis social que trajo consigo la pandemia COVID-19.
Vamos a presentarle a la opinión pública, y a los tomadores de decisión, el primer balance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tolima (2015 - 2020), a fin de analizar los rezagos del departamento frente a las metas trazadoras en el nivel regional a 2030, y se corrija el rumbo en materia de pobreza y mitigación del cambio climático, algunos de los grandes retos en la región.
Este mismo ejercicio de seguimiento y análisis se está realizando anualmente con el Plan de Desarrollo departamental, particularmente en equidad, competitividad, sostenibilidad y gobernabilidad.
Finalmente, para responder a los desafíos de la paz, los derechos humanos y la seguridad, avanzamos en la construcción de un programa de investigación sobre los Factores de persistencia de la violencia en el Tolima, entre 1953 y 2020.
El primer producto de ese programa es nuestro informe, Nuevas y viejas violencias. Desafío para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima (2006 - 2020), en el cual contrastamos los efectos sobre la paz, la seguridad y los derechos humanos de los más recientes procesos de desmovilización y paz con grupos armados en esta subregión del departamento.
¿Cómo se explica el deterioro de la seguridad en el territorio y sus impactos humanitarios sobre la población civil?
Vamos encontrando pistas:
- Un estado que no garantiza derechos, que no genera confianza, y cuya máxima expresión de fortaleza es una Fuerza Pública que a menudo se vio implicada en graves violaciones a los derechos humanos
- Un grado precario de implementación normativa e institucional de los Acuerdos de Paz, que no se compadece con el dividendo de paz que ha tenido, particularmente, el sur del Tolima
- Unos actores armados ilegales que, con discurso político o sin él, pero siempre con el recurso de la violencia, pretenden seguir controlando el territorio y la población, especialmente en aquellas zonas rurales dispersas que no cuentan con una oferta institucional robusta
- Y una geografía compleja, cuyo territorio desborda las delimitaciones político administrativas entre departamentos que históricamente han estado interconectados por la guerra: del norte del Cauca al sur del Tolima y de allí al occidente del Huila
Para este nuevo bienio vienen varias cosas en los cuatro ejes que hemos trabajado:
Programas de posgrado, cursos electivos y de educación continuada CERE, en alianza con unidades académicas (facultades y programas de pregrado y posgrado), producto del acumulado de nuestras investigaciones en temas como las políticas públicas, el desarrollo, la planeación y el análisis espacial, la innovación y la construcción de paz.
La cualificación de nuestros índices de medición y de las metodologías análisis y seguimiento de la implementación de planes de desarrollo territorial.
La consolidación de nuestro abanico de publicaciones, la cátedra de contexto regional y de la estrategia de divulgación del conocimiento que generamos, así como de nuestros repositorios digitales.
Y por último, una política de alianzas con entidades del orden estatal y con organizaciones de la sociedad civil, que nos permitan ampliar el espectro de nuestras investigaciones, fortalecer el tejido social y comunitario, aportar al desarrollo y la gobernabilidad local, y consolidar nuestro centro de pensamiento
