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Empezando la pandemia apoyé de frente el proyecto de endeudamiento presentado por el Alcalde la aprobación del Concejo.
Expresé de manera clara mi convicción de que en épocas de crisis el estado del arte en la economía informa que el gobierno debe invertir para suplir con los recursos públicos, la debilidad de la inversión privada, particularmente en una coyuntura tan grave como la ocurrida en el 2020.
Como todos saben, de forma relativamente cómoda el gobierno que vibra, obtuvo los votos necesarios para sacar adelante el proyecto.
Un año y medio después los proyectos a ser financiados con los recursos del endeudamiento en cuantía superior a los cien mil millones de pesos se han ejecutado en un porcentaje ínfimo; mientras llegamos a la mitad del período constitucional y la ciudad ha retornado al cauce de la recuperación más por la dinámica propia de la economía, por el esfuerzo titánico de los empresarios y de los trabajadores formales e informales.
Sin embargo, a pesar de la pobrísima ejecución de los recursos que se tramitaron con la excusa del apoyo a la reactivación económica, el Alcalde ha llevado al Concejo una nueva iniciativa de endeudamiento esta vez en cuantía de cincuenta mil millones de pesos, los que sumados al endeudamiento previo y el de las descentralizadas, en este cuatrienio superará la suma de trecientos mil millones de pesos.
El nuevo proyecto de endeudamiento que el ingeniero Hurtado promueve, además de ser inconveniente, es inoportuno y adolece de graves vicios de legalidad que es oportuno dejar al descubierto.
El primer indicio que debe generar preocupación en la ciudadanía respecto del nuevo proyecto de endeudamiento es la forma en que se está tramitando.
El ejecutivo acudió a unas sesiones extras acumuladas y represadas para final del año, con un mensaje que más parece un aguinaldo para los concejales, que una oportunidad abierta, seria y transparente con la ciudadanía que cuando se despierte de la festividades va a encontrar la ciudad mas endeudada y menos sustentable en las finanzas de mediano y largo plazo.
Un debate consistente del proyecto en una época del año que permita el escrutinio de la opinión pública demostrará que la iniciativa adolece de serios defectos técnicos y jurídicos, entre otros los siguientes:
UNO: el proyecto se basa en cifras que dicen soportare en un superávit mentiroso e inexistente. Si hay un superávit en las finanzas del municipio es por falta de ejecución, pero nunca porque se hayan producido mejores recaudos o ingresos extraordinarios.
DOS: La norma legal que habilita el endeudamiento público en pandemia superando los topes de ley, reclama que dicho endeudamiento sea consistente con una política de reactivación económica, fundamentación de la que está por completo huérfano el proyecto, que no define de que manera los proyectos a financiar son consistentes con la reactivación económica, peor aún cuando la estrategia crediticia en manos de INFIBAGUÉ ha sido un fracaso absoluto, con un pobrísimo impacto en la colocación de recursos y apoyo a los empresarios.
TRES: Los proyectos que pretenden financiarse con los recursos de endeudamiento no son coherentes con el Plan de Desarrollo del Municipio y en particular con el plan plurianual de inversiones, instrumentos que debieron ser modificados previamente si iban a ser alterados en las prioridades del Gobierno.
Por último, me refiero a las razones de conveniencia y oportunidad del proyecto.
No se ha cumplido un mes desde el momento en que el Alcalde de la ciudad se benefició de la prescripción de un delito del que se le imputó como “funcionario público” y se le convocó a juicio.
La impresión que quedó entre los gobernados es que el Alcalde se sustrajo al escrutinio de los jueces porque de no haberlo hecho habría sido condenado por un delito contra la administración pública, o de lo contrario ¿Porqué se condenó a una persona como copartícipe de un delito, acaso alguien puede coparticipar solo en un delito? ¿Porque tiene que escudarse en artimañas para comparecer ante la justicia una persona que no ha incurrido en un delito?
Así las cosas, el Alcalde salió indemne no porque se haya declarado su inocencia como esperábamos, sino porque la justicia fue incapaz de concluir el juicio en su contra y los ciudadanos tenemos el legitimo derecho de dudar de la transparencia de quien elude la justicia.
Ahora bien, entregarle cincuenta mil millones de pesos adicionales a quien no puede alzar la frente para exhibir su inocencia, es un acto imprudente y ciertamente abusivo con la ciudad que entregó al concejo la tarea de controlar políticamente a la administración.
De la misma manera que apoyé sin tapujos el primer endeudamiento cuyos recursos repito no se han ejecutado en mas del 80 %, me opongo al segundo endeudamiento que está previsto astutamente para que se empiece a pagar trascurridos dos años; de manera que el Alcalde se salga con las suyas como lo ya lo hizo ante la justicia y ponga a otro a pagar lo que se va a comer.
