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Llamaron mi atención dos notas del portal EL OLFATO, en la semana que acaba de terminar.
En la primera de ellas, el Gerente del Imdri, Alejandro Ortiz, reaccionó a la solicitud de un reportero de ese medio digital para pronunciarse acerca de posibles irregularidades en la utilización del Estadio Murillo Toro, afirmando que “no hablará ante los medios de comunicación sobre la actividad que se desarrolló este sábado en el Estadio". (Ver: "Solo hablaré en la Fiscalía", dice gerente del Imdri sobre lo ocurrido en el Estadio Manuel Murillo Toro)
Según el medio de comunicación, ante los legítimos interrogantes del reportero, el servidor público (¡enfatizó!) manifestó: “No, no, no, en ese tema yo no me meto. Eso está en Fiscalía y Procuraduría. Yo no me pronuncio sobre eso ante los medios, lo que requiera la Fiscalía y la Procuraduría yo estoy atento”.
Inquieto por el calado de la respuesta del servidor público al que la ciudad ha confiado el cuidado y administración de sus escenarios deportivos, me di a la tarea de verificar el perfil profesional de este, que algunos calificarían de orate, para memorar que a pesar de que Ortiz ostente el título de licenciado en Educación Física, nada se opone, como pude constatarlo con otros colegas suyos, a que deba saber que los escenarios que administra no son de su propiedad, ni de la del alcalde, ni de ningún otro ilustre morador del Cañón del Combeima; sino de todos y cada uno de los ibaguereños que estamos facultados para preguntarle de qué manera está haciendo su trabajo, sin que tengamos que acudir a la Fiscalía ni a la Procuraduría para que este portento de la administración pública criolla dé la cara y responda por un tema de su clarísima competencia.
Cuando ya me estaba reponiendo de lo acontecido, EL OLFATO me estrelló en la cara una nueva muestra de responsabilidad y transparencia en el ejercicio de lo público en nuestra región:
Interesado el medio de comunicación en conocer la suerte de cinco colegios oficiales en la ciudad, cuyas obras se encargaron al contratista GMP Ingenieros SAS, por adjudicación del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, Ffie, dicha entidad se negó a entregar información. (Ver: Gobierno Nacional parece proteger a contratista costeño que tiene afectados a proveedores de Ibagué)
La respuesta del Fondo no fue tan ramplona como la de Ortiz, sino que se basó en un presunto acuerdo de confidencialidad, que presuntamente ampara la información contractual.
Resulta entonces que los ibaguereños, legítimos interesados en que la información fluya, los problemas se conozcan y resuelvan y las irregularidades se pongan en conocimiento de las autoridades, no pueden enterarse porque el tal fondo y los contratistas firmaron un acuerdo de confidencialidad, como si los colegios y los recursos con los que se construyen fueran privados.
Los estudiantes de tercer semestre de derecho en su primer curso de administrativo saben que la reserva de la información pública solo procede por una causa establecida en la ley, precisamente para evitar que badulaques como los que están negando la información a la comunidad, se escuden en trapisondas como las que denuncio, para mantener al margen a la comunidad que es la primera interesada en la verdad que unos y otros quieren esconder.
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