Derechos del campesinado, jurisdicción agraria y Acuerdo de Escazú, bases de un nuevo modelo de desarrollo
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El debate político sobre las reformas pensional, laboral y al sistema de salud, ha eclipsado la conversación pública sobre otras iniciativas del gobierno nacional que ya fueron aprobadas por el Congreso de la República. La incidencia de estas nuevas realidades institucionales sobre el futuro del país es enorme, especialmente sobre el modelo de desarrollo, basado en el despojo de la tierra y el territorio para abrirle paso a las economías extractivas.
El Acuerdo de Escazú fue el primer eslabón de la cadena que pasó la prueba en el legislativo. Se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre la protección de los defensores del medio ambiente.
La ministra Muhamad, reconocida ambientalista y quien sabe muy bien cuáles son los alcances de lo que se aprobó, anunció que inmediatamente alistaría los actos administrativos “(…) para ampliar la participación de la ciudadanía en el licenciamiento ambiental, empezamos con el lanzamiento y la concertación de la ruta de derechos humanos, y empezamos con el programa de fortalecimiento a las veedurías ciudadanas (…)”. Eso fue hace siete meses.
Más democracia ambiental significa que con la ratificación de Escazú, las modificaciones debajo de la mesa que el gobierno Pastrana realizó al Código Minero para favorecer a las multinacionales, el otorgamiento frenético de títulos de exploración y explotación que vimos durante los dos gobiernos de Uribe, y la defensa a ultranza de Santos de su “locomotora minera” por encima de las consultas populares, van a tener más frenos sociales e institucionales.
El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos comenzó en las Naciones Unidas. Hoy, por vía de acto legislativo, se introdujo la reforma que lo reconoce como sujeto de especial protección constitucional, gracias a la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, que ahora reza que:
“(…) El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales (…)”.
El documento conciliado por las dos Cámaras, que espera de sanción presidencial, es este:
Agradecemos a los 75 senadores que votaron el sí por el AL que reconoce al Campesinado como sujeto de derechos y a los 74 senadores que le dieron el sí a la Jurisdicción Agrario. @petrogustavo @DavidRacero @AlexLopezMaya @juanpabloszar @eduardsarmiento @diogenesqa pic.twitter.com/qnuM6CUVV6
— Agenda Nacional Campesina (@agendanacionalc) June 14, 2023
A diferencia de los pueblos y comunidades étnicas, el campesinado, principal víctima del despojo de tierras que fraguó la alianza de paramilitares con sectores económicos en el norte del país, no contó con la protección constitucional reforzada que se le reconocerá ahora como sujeto colectivo, en particular, al goce efectivo del derecho que tiene a la tierra, al territorio, a la participación política y al acceso e intercambio de semillas nativas.
Por último, emparentado con este Acto Legislativo, vino la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural, que determina la creación de tribunales y juzgados agrarios y rurales, llamados a atender los conflictos sobre tierras que históricamente se han resuelto por la vía de la violencia.
Como señala la ministra Mujica en entrevista con El País de España, tanto el reconocimiento del campesinado como la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, son pieza fundamental de la reforma agraria que promueve el gobierno nacional. Una concepción que se distancia del concepto de desarrollo rural, que promovieron los gobiernos Uribe-Santos.
“La reforma agraria busca la dignificación del campesinado y de la agricultura que produce los alimentos que necesitamos para luchar contra el hambre. La reforma agraria tiene que ver con compra de tierras, con inversión en ciencia y en tecnología, con mejores condiciones para que Colombia sea una potencia agroalimentaria. La jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos van en esa misma dirección”.
La consigna, evidentemente, es menos menos tierra para el extractivismo y la ganadería (por eso la compra de tierras a Fedegán), y más para la alimentación. En últimas, que cuando se supla la demanda interna, probablemente el negocio sea exportar comida en lugar de importarla.
En suma, un nuevo modelo de desarrollo.
