Consolidar una estrategia regional de seguridad y convivencia para el Tolima

Este es el título de nuestra Nota Regional CERE 16, la cual aporta recomendaciones en esta dirección, sobre la base de tres elementos: la comprensión de la distribución subregional de la violencia organizada, la articulación interinstitucional de manera vertical y horizontal, y los instrumentos de gestión y financiación.

Partimos de la revisión sistemática de las propuestas consignadas en los programas de gobierno de la gobernadora y los alcaldes electos de 13 municipios que analizamos, los cuales han sido alertados por la Defensoría del Pueblo en los últimos cuatro años, debido a los graves impactos humanitarios de la criminalidad en sus territorios.

Concluimos - no sin ironía - que uno de los mayores riesgos para la seguridad y la convivencia en el Tolima para el próximo cuatrienio, tiene que ver con la pobreza en las propuestas de seguridad y convivencia de las autoridades electas a nivel municipal y departamental. Esto se explica por la ausencia de varios elementos clave en la consolidación de una estrategia gubernamental consistente, orientada a la disuasión del delito, la protección de la ciudadanía y el goce efectivo de sus derechos.

Estos elementos, ausentes en los programas de gobierno analizados, se pueden caracterizar en los siguientes términos:

1.  La falta de diagnósticos rigurosos sobre las amenazas a la seguridad y la convivencia, y sus impactos humanitarios en las distintas subregiones del departamento (Norte, Suroriente y Suroccidente);
2. La incomprensión de la distribución territorial o, en otros términos, de la geografía de la violencia en el departamento, y su asiento en el accionar delictivo y las agendas de los actores armados organizados que se disputan el control de zonas rurales y urbanas, poblaciones y corredores entre municipios, así como las fronteras con departamentos vecinos;
3. El desconocimiento de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana del gobierno nacional y de todo el conjunto normas aprobadas para la Paz Total, así como de los instrumentos de la implementación del Acuerdo Final de Paz, relacionados con la prevención y la protección de líderes/as sociales, y de firmantes de paz.
4. La falta de una estrategia de coordinación interinstitucional que defina la hoja de ruta en términos de articulación de/con, por lo menos, cuatro tipos de entidades gubernamentales: i. los ejecutivos nacional, departamental y municipales; ii. los entes de control (contraloría, procuraduría), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y iii. la Fuerza Pública.
5. No hay alusión a los instrumentos de financiación de las propuestas en materia de seguridad, y ni siquiera una mención a la posibilidad de armonización presupuestal entre departamento y municipios, por la vía de los PISCC (Programas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana), cuya formulación e implementación tendrán que liderar tanto los nuevos alcaldes como la gobernadora.
6. Ausencia de reflexiones sobre elementos innovadores fundamentados en la tecnología, más allá de la receta de las cámaras de seguridad. Al Tolima todavía no llega el análisis espacial a través del uso de sistemas de información geográfica, el análisis de datos ni la generación de centros de innovación para el control de los delitos, etc.
7. Por último, los retos asociados a la eficacia de justicia local, caracterizada por sus altos índices de impunidad en el departamento (91% en el caso del homicidio doloso), es otro elemento ausente en los programas de gobierno de las y los mandatarios locales, y de la gobernadora electa.

Tanto en campaña como en sus propuestas, la clase política hizo de la seguridad un discurso vacío. En general, las propuestas de quienes liderarán el sector a nivel territorial durante el próximo cuatrenio, no conocen las experiencias que hay en la materia, no atienden la evidencia científica y ni siquiera reconocen las apuestas modernizadoras que la misma Policía viene adelantando tanto en el departamento como en Ibagué y en otras ciudades del país.

Contrario a los avances en el denominado “Policiamiento basado en evidencia”, una estrategia acogida por la Policía Nacional para orientar acciones de prevención, disuasión y disrupción del delito, el discurso de los políticos persiste en el incremento del pie de fuerza - un asunto que no depende de ellos y que está en crisis por la salida progresiva de efectivos y el tiempo que toma la formación de los nuevos agentes - y en la adquisición de cámaras de seguridad, una inversión altísima y cuyos impactos todavía están por establecer.

Lo anterior, legitimado por la orientación de policías y militares quienes, en uso de buen retiro, conforman el pull de la asesores en asuntos de seguridad en el departamento, y que, en algunos casos, se limitan al uso de argumentos basados en la experiencia e, incluso, en la creencia histórica del efectivo experimentado que toma decisiones con subjetividad, anécdotas o sesgos, pero que desconoce los datos y el análisis basados en la evidencia científica.

En este sentido, el llamado a la gobernadora electa - quien asumió como lema “Con seguridad en el territorio” - es a evaluar las acciones implementadas por sus antecesores, cuya mirada limitada del sector - centrada en la dotación de elementos operativos para la Fuerza Pública, la disuasión por la vía de capturas, el aumento del pie de fuerza y la “lucha”contra el microtráfico - no parece haber consolidado resultados concretos en términos de la disminución del homicidio y el uso y la utilización de NNA (por mencionar solamente dos de los delitos más graves), mucho menos en el mercado de drogas.

No se pueden esperar resultados diferentes si se hace lo mismo una y otra vez. Nuestro llamado, en este sentido, es a despolitizar el sector y a consolidar una estrategia regional de seguridad y convivencia para el Tolima, que responda a los desafíos territoriales, basada en la evidencia, y cuyos resultados concretos en materia de protección de la población y garantía de los derechos humanos se puedan establecer en el tiempo y en toda la geografía del departamento.