Hablar del campo y producción agropecuaria en nuestra región debería ser sinónimo de desarrollo, máxime si tenemos en cuenta que, mientras la participación del sector agropecuario en el PIB nacional es del 6%, para el Tolima, según la Agencia de Desarrollo Rural, es cercano al 15%.
En ese orden de ideas, tratar este tema en nuestro departamento e impulsar su fortalecimiento resulta ser de vital importancia.
Tener la oportunidad de recorrer constantemente el Tolima nos ha permitido hacer un diagnóstico y plantear algunas propuestas específicas para este tema, en dónde se combinan el trabajo con las comunidades, las facultades otorgadas por la ley 5 de 1992 y la gestión pública frente al Gobierno Nacional. Por ello, resulta pertinente proponer una alianza por el sector agropecuario, cuyos ejes principales serian los siguientes:
Primero, crear un plan de gobernanza agropecuaria para contar con una interlocución permanente, fraterna y estratégica entre actores institucionales, comunidades, asociaciones, profesionales, gremios de la producción y todos los demás actores que tengan incidencia en el sector agropecuario.
Ello, con el propósito de tener insumos, ponencias, debates y cualquier fuente de información que permita tomar decisiones apropiadas. Este escenario de interlocución, que deberá ser horizontal, permitirá que todos los actores se unan con el propósito de desarrollar el sector.
En segundo lugar, es necesario hacer seguimiento permanente a la gestión, recursos y ejecución presupuestal que tenga el Gobierno Nacional sobre la política agropecuaria. Para lograrlo, es necesario que desde la Cámara de Representantes se convoquen audiencias públicas permanentes, en temas como:
- Suministro de bienes agropecuarios por parte de la ADR (triangulo del Tolima).
- Gestión de la AUNAP para los pescadores tradicionales del interior.
- Cobertura del ICA sobre el control de plagas, certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y en general sobre procesos fitosanitarios.
- Líneas de crédito directo, asesoría bancaria a productores y bancarización para habitantes de la zona rural, de modo que permita modernizar el acceso a productos financieros.
- Programas de comercialización (Coseche y Venda a la Fija, compras públicas para el PAE, mercados campesinos en ciudades) y políticas anticíclicas (compra y almacenamiento).
Tercero, resulta sumamente importante gestionar recursos para democratizar la asistencia técnica agropecuaria, velar porque la apropiación de recursos para el departamento del Tolima sea de acuerdo a su importancia estratégica, especialmente los del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Además, se debe trabajar conjuntamente con los gremios agropecuarios que manejan recursos parafiscales, para que éstos sean invertidos de manera coordinada y complementaria. El propósito: permitir que todos los productores y habitantes de la zona rural accedan a técnicas que den mayor rendimiento, disminuyan costos y aumenten las utilidades, en síntesis, que hagan rentable al campo.
Cuarto, reformar la ley 1876 de 2017 (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria), con el objetivo de aumentar la representación de asociaciones campesinas, profesionales, minorías y mujeres rurales en el Consejo Superior de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, actualmente conformado, en su mayoría, por entes gubernamentales.
Con esto permitiríamos, entre otros objetivos, que el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología Agropecuaria sea actualizado y consensuado entre todos los sectores que conformarían el Consejo Superior.
Quinto, actualmente el PDEA del Tolima prioriza líneas de producción que ya cuentan con recursos parafiscales manejados por sus respectivos gremios, en virtud de lo anterior, el Congreso de la República tiene el deber y obligación de hacer seguimiento a la formulación, implementación y evaluación del mismo, para priorizar e incluir poblaciones y producciones que necesitan mayor apoyo de este sistema, como la agricultura campesina y familiar, producciones diversificadas y de zonas de ladera.
Igualmente, aquellos que su posesión de tierra se enmarque en una Unidad Agrícola Familiar y requieran de mayor intervención técnica.
Por último, es necesario crear un proyecto de ley orientado a incentivar un ecosistema productivo, el cual contará con destinación de porcentajes mínimos de recursos para superar los problemas de vías terciarias y municipales, dotación de bienes agropecuarios, acompañamiento en toda la cadena productiva y generación de espacios para empleo rural no agrícola, además de todos los elementos de competitividad.
Así podremos construir la gran alianza por el campo tolimense que tanto necesita nuestra región.