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Ibagué es noticia nacional por cuenta de la “terapia de concientización” que la alcaldesa, Johana Aranda, promueve junto al INPEC en la cárcel de Picaleña. La iniciativa busca darle una lección de realidad a adolescentes de colegios a través de visitas guiadas en la penitenciaría, con el objetivo de disuadirles de la posibilidad de que cometan delitos.
El programa, sui generis en Ibagué, no ha tenido mucha acogida en América Latina, aunque sí en Estados Unidos, en donde incluso se han producido realities y documentales sobre el tema. No obstante el morbo con el que se pueda enmarcar el asunto desde la industria del entretenimiento, en el mundo de las políticas públicas no existe evidencia de que la pedagogía del “asustar para corregir” - que es como se puede traducir el Scared Straight! gringo - consiga el efecto que busca la mandataria.
Un análisis realizado por Crime Solutions, un proyecto del Instituto Nacional de Justicia de EE. UU., encontró resultados desalentadores, por lo que calificó estos programas como inefectivos. “Los resultados sugieren que los programas de concienciación juvenil no sólo son ineficaces para disuadir a los jóvenes de cometer delitos, sino que aumentan las probabilidades de que los jóvenes expuestos a ellos cometan delitos en el futuro”. Fuente: https://crimesolutions.ojp.gov/ratedpractices/4
La prestigiosa ONG británica Coshrane llegó a una conclusión similar, al señalar que “los programas como "Scared Straight" aumentan la delincuencia con respecto a no hacer nada en jóvenes similares. Debido a estos resultados, no se puede recomendar este programa como una estrategia de prevención de la criminalidad. Por lo tanto, los organismos que permiten tales programas deben evaluarlos rigurosamente para asegurar que no causen más efectos perjudiciales que efectos beneficiosos a los mismos ciudadanos que se comprometen a proteger”. Fuente: https://acortar.link/bTJ6d4
Me detengo en este último punto porque es importante: la evidencia con base en la cual se toman las decisiones de política y, por esa misma vía, la evaluación de las acciones gubernamentales.
En el primer sentido, la alcaldesa ha insistido en que se trata de un programa del INPEC que ella consideró interesante y que decidió llevarlo a cabo porque Medellín ya lo estaba haciendo, esto quiere decir que adoptó la iniciativa por contagio. No obstante, en las sucesivas declaraciones de altos funcionarios de la Alcaldía a medios, no se han presentado datos acerca de los crímenes que se quieren impactar ni sobre los resultados concretos que se aspiran alcanzar.
Y si no está claro cuáles son los alcances del programa, difícilmente se lo podrá evaluar. Por tanto, ¿Qué sentido tiene implementar acciones cuyos impactos no van a poder establecerse de manera precisa?
Por último, más allá de que el criterio de la administración municipal pueda ser discutible, de fondo, preocupa el atraso de Ibagué con relación a la orientación de las políticas públicas en seguridad y convivencia en otras ciudades capitales, producto de las relación virtuosa entre funcionarios locales, fuerza pública y academia.
Cali es hoy un ejemplo en esta materia, como lo han sido en otros momentos Medellín, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, entre otras, en donde se han logrado consolidar experiencias exitosas.
Spoiler alert 1: no es la falta de plata: durante el cuatrenio anterior, solamente con recursos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), Ibagué proyectó gastos por más de $18 mil millones. De sobra, se pueden financiar experimentos naturales, estudios de impacto y análisis sofisticados sobre uso y utilización de menores, microextorsión, entre otros.
¿Qué explica entonces el parroquialismo que caracteriza la toma de decisiones y en general, el debate público en la capital del departamento?
Spoilert alert 2: el periodismo no ayuda y la academia ha hecho poco por ayudar.
