Manos rojas en el Tolima: para la avaricia de los criminales, la desidia de la clase política

La semana pasada se conmemoró el Día Internacional de las Manos Rojas, una política mundial que llama a la acción para detener la vinculación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados y otras actividades ilícitas.

Por iniciativa de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES - una organización no gubernamental que hoy suma un importantísimo acumulado en la defensa de la paz y los derechos humanos en el sur del Tolima - el pasado viernes se realizó un foro en Chaparral para discutir esta problemática, en el que participaron jóvenes de los cuatro municipios de la subregión PDET (Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral).

El diálogo fue muy esperanzador, pero al mismo tiempo descorazonador. Desde la comunicación digital, la música, el arte, los murales, el activismo ambiental y la participación política, las y los jóvenes tejen emprendimientos pacifistas que constituyen una verdadera apuesta de futuro para el que es reconocido oficialmente como el territorio más afectado por las violencias, la desigualdad y la pobreza en el departamento.

Y sin embargo, por esto mismo, porque la paz no es simplemente un acto de la voluntad sino una apuesta decidida por la transformación de las condiciones de vida, las instituciones y el territorio, la situación de vulnerabilidad de las y los jóvenes es altísima. Por las agendas de los grupos armados y de crimen organizado, por supuesto, pero también, por la desidia y la mediocridad de los actores estatales.

Coincidente con la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, la Defensoría del Pueblo emitió la primera Alerta Temprana para el Tolima de 2023, un documento humanitario que llama la atención sobre la gravísima situación de derechos humanos que se viene presentando en cinco municipios del norte del departamento, el corredor Honda, Mariquita, Armero Guayabal, Ambalema y Lérida.

De acuerdo con la AT: “Los adolescentes y jóvenes son instrumentalizados para realizar actividades de tipo ilegal, relacionadas con la venta y distribución de estupefacientes, actividad que incluso desarrollan en las instituciones educativas y en las periferias de esta. La situación ha conllevado al aumento del consumo de estupefacientes en adolescentes y jóvenes, así como a homicidios en adolescentes, pues según el SIEDCO serían 4 adolescentes en lo que va corrido del año los que han perdido la vida por el mal llamado “ajuste de cuentas”

“El tema de consumo y venta de estupefacientes cada vez es más constante y notorio, por parte de las autoridades territoriales, pero hasta el momento no se ha evidenciado alguna acción de prevención o acción frente a la situación que se describe y que evidencia un riesgo latente sobre todo para adolescentes y jóvenes” (AT 002-2023).

No es un fenómeno nuevo, por supuesto, y tampoco uno que no haya sido advertido. En la AT 043-2019, que llama la atención sobre el riesgo de NNA en Espinal y Flandes, la Defensoría advirtió:

“Este delito no solo tiene una estrecha relación con la inducción temprana al consumo de estupefacientes en niños, niñas y adolescentes, principalmente en inmediaciones de instituciones educativas y en sus barrios, sino con las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica asociadas a contextos de violencias, ausencia de oportunidades laborales dirigidas a jóvenes y de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, condiciones de pobreza en el núcleo familiar, entre otros” (AT 043-2019).

Para el sur del Tolima, en la Alerta Temprana más reciente para los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral, la Defensoría señaló:

“El actual escenario de riesgo para niños, niñas y adolescentes de los cuatro municipios del sur del departamento de Tolima, responde a la presencia y accionar de facciones disidentes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de fortalecimiento y expansión por el control territorial y poblacional, valiéndose del reclutamiento, uso y utilización de NNA para este propósito (…)

“Aprovechando la vulnerabilidad de los NNA que residen en la zona rural, donde no hay presencia estatal y existen dificultades para el acceso a la salud, la recreación, en donde existen barreras significativas que impiden el acceso a la educación, ya que los centros educativos quedan retirados y no hay garantía de transporte escolar (…)

“La falta de oportunidades laborales, la mala alimentación, la violencia intrafamiliar y la falta de entornos protectores, son entre otros factores, los que permiten que los NNA sean vulnerables a ser reclutados, y que consideren que las armas y la pertenencia a un grupo ilegal le pueden brindar más seguridad y estabilidad ante la desprotección de las familias y el estado (…)” (AT 016-2022).

Otro tanto ya había advertido la entidad, tres años antes, en la AT 016-2019 para estos cuatro municipios.

De todas estas advertencias, y de otras tantas que hemos realizado desde el Centro de Estudios Regionales, se puedan sacar varias conclusiones:

• Que no todos los NNA del departamento son susceptibles de ser vinculados a actividades ilícitas, por la vía del reclutamiento, el uso o la utilización: son los más pobres los más vulnerables, y esta vulnerabilidad no es solamente socioeconómica sino territorial: es en ciertas zonas rurales y urbanas en donde los entornos protectores no funcionan.
• Que la modalidad privilegiada es la persuasión, precisamente por la situación anteriormente descrita: a los menores les ofrecen dinero y estatus, en suma, supuestas mejores condiciones de vida que las que tienen con su familia en su territorio.
• Que en las zonas rurales, la deserción escolar, producto de la mala planeación (y algunos casos de corrupción) en los contratos de transporte escolar y PAE; el fracaso de llevar internet a los centros poblados, la baja cobertura de acceso a la educación terciaria, la violencia intrafamiliar y la mala alimentación, son elementos estructurantes del fenómeno criminal.
• Que en los municipios estudiados, inducir a los NNA al consumo de drogas es la puerta de entrada para poderlos usar como carne de cañón en una empresa criminal amplia y diversa, que incluye el tráfico y la venta de estupefacientes, y su participación en “oficinas de cobro” dedicadas al ajuste de cuentas y el sicariato. El hecho de que los menores cuenten a su favor con una legislación penal flexible, los hace “atractivos” para las bandas de microtráfico y extorsión.
• Que el subregistro debido a la falta de denuncia, configura un gran problema para la prevención y para las acciones que las organizaciones no gubernamentales y la academia realizamos a fin de caracterizar el fenómeno. Esto se explica, en algunos casos, con focos de corrupción en la Fuerza Púbica y las autoridades, que operan con estas bandas.
• Que la ineficacia del Estado, en sus distintos niveles y ramas del poder público, prácticamente garantiza que el fenómeno se profundice:

i. La Fuerza Pública, cuando opera, lo hace desde una perspectiva exclusivamente punitivista e inefectiva, en tanto se concentra en el eslabón más débil de la cadena, los NNA.

ii. La impunidad por cuenta de la ineficacia de la justicia y de la Fiscalía enreda cualquier posibilidad de desmantelamiento de grandes estructuras de crimen organizado (pocas imputaciones, y por consiguiente, pocas condenas).

Y iii. ni la gobernación del Tolima ni las alcaldías hacen mayores esfuerzos por prevenir este flagelo. Los consejos de seguridad y las campañas pedagógicas, - prácticamente las dos únicas acciones que llevan a cabo - no le dan un golpe al mundo. El único efecto que producen sobre la realidad es el del gasto, por supuesto con cargo erario público.

El diccionario de la Real Academia Española define la desidia como “negligencia, falta de cuidado”, en suma, falta de interés y de ganas de hacer una cosa. Bueno, pues es esa actitud negligente, descuidada e indiferente de las autoridades la que necesitan los criminales para seguir victimizando a los menores como lo han hecho hasta ahora: impunemente, y sin ningún incentivo que les impida seguirlo haciendo.