Síguenos en Google News
La situación actual del mundo, particularmente con los altos precios de los alimentos y la escasez de estos, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad que tienen los países de ser autosuficientes en la producción de alimentos, o por lo menos satisfacer en gran medida la demanda de alimentos de calidad y baratos. La discusión sobre el problema estructural de pobreza rural y latifundios improductivos ha tomado un nuevo aire, inclusive, el enfoque de las relaciones rurales urbanas le ha dado a este debate nuevas miradas sobre qué se debería hacer.
En América Latina se está viviendo una crisis de inseguridad alimentaria, se estima que más de 13,3 millones de latinoamericanos sufren de inseguridad alimentaria.
La situación en Colombia preocupa ya que el país ocupa el puesto 52, de 113 países, respecto a la asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos y recursos naturales. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluyó a Colombia, Honduras y Haití en una lista de países en riesgo de sufrir hambre durante 2022; se estima que más de 7 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria en 2022. Las cifras del DANE muestran que desde la pandemia covid-19 los hogares de las 23 ciudades de Colombia han perdido capacidad alimentaria, en 2021 el 35% de la población colombiana comió apenas dos veces al día.
En este contexto, si el mercado internacional está afectado por la crisis post pandemia y por la guerra en Ucrania, el enfoque de seguridad alimentaria no es suficiente.
Aumentar la soberanía alimentaria es un requisito para un país como Colombia, sobre todo porque las ventajas comparativas del país permiten la producción de diferentes cultivos. Avanzar en una nueva agroindustrialización que produzca alimentos de calidad y más baratos retorna al escenario público como una gran opción para el Tolima.
Lograr la transformación productiva y una nueva agro industrialización demanda superar los altos niveles de pobreza estructural rural, las grandes brechas territoriales e inequidad económica, los efectos del cambio climático, los altos niveles de inseguridad, y el latifundio improductivo, entre otros.
En lo local, los gobiernos municipales, aún con sus precarios presupuestos, deben impulsar estrategias que mejoren las condiciones de calidad de vida de los pequeños agricultores y de sus unidades productivas; ampliar el acceso de las poblaciones vulnerables e históricamente marginadas a los recursos productivos, la tecnología, los datos y la innovación que les permitan ser agentes del cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles, y así fortalecer las economías locales.
Además, se requiere transformar los sistemas agroalimentarios, fortaleciendolos contra los riesgos relacionados con el clima, adoptando técnicas de producción climáticamente inteligentes y ecológicamente racionales, y mediante la conservación y rehabilitación de entornos naturales.
Una recomendación del informe Hay futuro si hay verdad que vale la pena resaltar sobre este tema es el de “impulsar sistemas agroalimentarios que sean económica, social y ambientalmente sostenibles que estén basados en una relación equitativa, solidaria y armónica entre las zonas urbanas y rurales; que estén dirigidos a que las poblaciones vulnerables puedan participar como productoras o consumidoras de alimentos de calidad óptima para la salud humana, y que sean producidos, transportados y distribuidos en condiciones laborales y comerciales justas.”
