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No hay duda que Colombia requiere mejorar el sistema de salud, muchas situaciones de corrupción y malos manejos dan la razón para esto.
Tampoco hay duda que el sistema de hoy es mucho mejor que el de hace varias décadas atrás, la cobertura es casi universal, el régimen subsidiado y contributivo ha hecho la tarea, hoy todos, sin distingos de clases están cubiertos por el sistema, pueden elegir quien los atiende, es un claro ejemplo de cómo lograr equidad y libertad en un Estado social de derecho. Sin embargo, algunos expertos han sentenciado que el sufrimiento que se avecina para las personas con enfermedades crónicas y de alto costo es indecible.
Avanzar en una reforma a la salud es importante para el país, sin embargo, el debate y la reciente aprobación en la Cámara de Representantes deja más dudas que certezas. Es una reforma que sigue sin convencer, en recientes encuestas, siete de cada diez colombianos no están de acuerdo con ella.
En la opinión pública quedó la imagen de que en la Cámara de Representantes se desatendieron los criterios técnicos e inclusive de procedimientos para aprobar la reforma a la salud. De nada sirvió la opinión de expertos en el sistema de salud, de exministros de salud y hacienda, de los trabajadores del sector y de muchos académicos, al fin de cuentas, como en la mayoría de las veces, el mensaje que quedó es que las expectativas clientelares de corto plazo terminaron orientando la decisión de los congresistas. Primó la política sobre lo técnico y se desatendieron las expectativas de largo plazo.
Es lamentable ver como se está llevando al país a tener que depender cada vez más del sector público y menos del sector privado bajo la consigna ideológica de que el Estado tiene que ser más grande y que las empresas privadas deben limitar la creación de riqueza. Los partidos recientemente declarados independientes no comprendieron el mensaje político e ideológico que envió en las urnas el pueblo colombiano.
Las dudas de la reforma en el campo fiscal y financiero son enormes. El Ministerio de Hacienda no emitió aval fiscal a la reforma a la salud, en su lugar entregó un “escenario de factibilidad”, además, según muchos expertos, con supuestos equivocados, concluye que la reforma costaría $140 billones en diez años. Para muchos es una reforma sin aval fiscal, que no soluciona la falta de especialistas y el retraso en medicamentos, y que además les quita a las personas la libertad de elegir. La reforma no puede destruir un sistema que está funcionando, ni llevar a la quiebra al país.
Las dudas que surgen de que el sistema quede en manos de los alcaldes y gobernadores son mayúsculas, todos conocemos cómo funcionan las cosas en los municipios y departamentos, depender de la voluntad de un mandatario local para lograr la atención individual de las enfermedades como mínimo es aterrador. La politiquería que se va a hacer desde la salud va a ser monumental.
Las dudas deberán ser resueltas en los próximos debates, aún faltan el debate de la polémica iniciativa en el Senado y el control en la Corte Constitucional. Esperemos que allí las cosas tengan mayor rigor.
