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“Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar o estafar’”, respondió la RAE a la consulta de un internauta.
Aunque aclara posteriormente que la respuesta no implica reconocimiento oficial o inclusión en el diccionario, da cuenta de cómo un hecho político modifica el lenguaje y el sentido común en millones de ciudadanos.
El acontecimiento es curioso y divertido, pero en esencia, demasiado triste, frustrante y vergonzoso.
Triste porque una licitación amañada, un espiral de procedimientos administrativos errados, la pérdida de $70.000 millones de pesos, la frustrada posibilidad de llevar conectividad al campo y un amplio segmento poblacional condenado a mantener e incluso empeorar sus niveles de pobreza multidimensional, no producen, vergonzosamente, una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Como consecuencia, a la ciudadanía sólo le queda su idiosincrasia para defenderse. La flaqueza o quizá, la complicidad institucional, produce el matoneo popular.
La Unión Temporal Centros Poblados está conformada por tres empresas que, previo a la adjudicación del contrato, modificaron su razón y objeto social para poder ofrecer servicios de internet, pues antes se dedicaban a la construcción de vías por lo que, evidentemente, no tenían experiencia en la materia.
Desde el inicio de la contratación funcionarios advirtieron que el documento de la Unión Temporal estaba viciado con firmas falsificadas, además, veedurías denunciaron los vínculos de estas empresas con el carrusel de la contratación y expusieron nombres como el de Emilio Tapias y Juan Cáceres Bayona.
Cuando estalló el escándalo, 10 meses después, “descubrieron” que la póliza de seriedad y otras 2, que sumaban $144.000 millones, eran falsas, todas aprobadas por funcionarios del MinTic.
En lo que refiere al anticipo, cuando el Ministerio autoriza el traslado de los $70.000 millones al banco BBVA (fiducia), UT Centros Poblados ya había enviado la solicitud.
En esta se estipulaba invertir $58.000 millones en la empresa Nuovo Security, cuyo 70% pertenece a Juan Carlos Cáceres Bayona, personaje vinculado al carrusel de la contratación y, entre otras cosas, investigado por el desfalco de $55.195 millones de recursos de regalías de la empresa Funtics.
Los otros $12.000 millones invertirlos en Inselsa, una empresa que nació con $6 millones, pero que tuvo la capacidad de comprar el 20% de ICM constructora, por un valor de $43.000 millones.
Teniendo presente que la ministra Abudine es cuota directa de la Casa Char, además de lo expresado en los párrafos anteriores, no es necesario ser un erudito para triangular la información y conectar los factores empresas barranquilleras, carrusel de la contratación y Clan Char.
¿Ven por dónde va la cosa? Por cierto, este Clan hace presencia en nuestro departamento, respaldado por el Barretismo, dónde se ha venido quedando con millonarios contratos en Ibagué y el Tolima.
¿Está indignado con la ministra y este Gobierno? ¡Pues les salimos a deber!, porque el que peca y reza empata o al menos eso creen en el MinTic. Ahora posan de implacables defensores de la moral pública y la transparencia.
¿Se va dejar ver la cara? El próximo año tendrá usted la posibilidad de dejar un precedente, todos sabemos quiénes son, todos sabemos a qué grupo perteneces y todos sabemos lo que hacen cuando llegan al poder.
Que la indignación no sea un asunto de dos semanas, en sus manos y sólo en sus manos está. Vote mejor a la próxima para que nuestros recursos no se le sigan «abudineando» en cositas.
