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Hace tres años centenares de políticos de todos los matices, tendencias y colores recorrían el departamento del Tolima, buscando el apoyo popular para lograr llegar a la Cámara de Representantes y Senado de la República. En los discursos de la inmensa mayoría nunca faltó la “promesa” de defender el agua, la vida, el ambiente, los recursos naturales y algunos, más osados, aseguraron que “nunca” aprobarían leyes que promovieran el fracking en el territorio colombiano.
Como no hacerlo, si hasta quien en ese entonces era candidato y hoy es presidente de la república ya lo había hecho. El tiempo y la historia nuevamente nos demostraron que la mayoría de ellos estaban mintiendo.
Lo ocurrido en el Congreso con la votación del “mico” en el Proyecto de Ley por medio del cual se busca reformar la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías es, sin lugar a dudas, un hecho político que no puede pasar de agache, máxime en un país sin memoria, donde pareciera seguimos condenados a repetir la historia por no conocerla.
El cuestionado “articulito” dejaba vivo un “orangután” para que paseara orondo dentro de esa tupida selva de Leyes, Decretos y Resoluciones que diariamente se expiden en Colombia no era de poca monta. Palabras más, palabras menos, otorgaba una serie de gabelas e incentivos tributarios para el desarrollo de fracking, o como lo llaman para despistar a un país que no lee: “Proyectos Piloto de Investigación Integral PPII en yacimientos no convencionales”, elegante definición de un gobierno que gusta del esnobismo y las definiciones pop para matizar los verdaderos alcances, significado y consecuencias de lo que pasa en nuestra patria.
El fracking o fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas o petróleo de esquisto de yacimientos no convencionales, la cual consiste en una combinación de perforaciones de pozos verticales y horizontales a profundidades que pueden superar los tres kilómetros.
Una vez alcanzado el manto de esquistos se inyecta una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, muchos de ellos tóxicos, a una presión tan elevada que supera la resistencia de las rocas, provocando grietas en su núcleo que hacen fluir el gas o petróleo hacia la superficie.
El rechazo a esta práctica, prohibida en varios países del mundo, radica en el inminente daño por contaminación que se puede ocasionar a los acuíferos subterráneos cercanos a las perforaciones, por cuenta de los químicos utilizados. Adicionalmente las masivas fracturaciones de rocas subterráneas pueden producir sismos de variables magnitudes.
Pues bien, lo que buscaba el artículo 210º del mencionado proyecto de ley era mantener vigente el parágrafo 1º del artículo 14º de la ley 1530 de 2012, que establece incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, los cuales pagarían el 60% de las regalías equivalentes a la explotación de crudo convencional, que tan sólo pagan al estado colombiano entre el 8% y el 25% del valor de la producción.
Por ello, resulta un imperativo que los Representantes a la Cámara y Senadores elegidos con los votos de los Tolimenses, en aras de no defraudar a sus electores, rindan cuentas a nuestra región, en especial de cómo, después de rasgarse las vestiduras y a grito herido en sus discursos autoproclamándose defensores del ambiente, el agua y la vida, quisieron meternos ese “gol” engañando a un pueblo que durante los últimos años ha despertado movilizándose a favor de los recursos naturales.
