La encrucijada de la presencialidad: con necesidad, pero sin condiciones

Aunque es innegable la existencia de virtudes y enormes dificultades en los procesos de formación y aprendizaje no presenciales, la educación virtual en Colombia tiene dos características que invitan a remplazarla, lo más pronto posible, por modelos de alternancia que desbloqueen progresivamente la normalidad y la presencialidad.  

La primera característica responde a los efectos que tiene este modelo de educación sobre el proceso formativo, pues en la virtualidad que, valga precisar, en nuestro país sigue siendo parcial teniendo en cuenta la incapacidad gubernamental de garantizar la conectividad plena, se pierde la relación continua, tensa, exigente y creativa que los estudiantes tienen con las escuelas, colegios, universidades.

A esto, se suma el seguimiento al proceso de aprendizaje que los padres de familia hacen desde el hogar, donde algunas ocasiones son estrictos y agobiantes, cohibiendo y limitando al estudiante por miedo al error y, en otras, la actividad laboral y productiva les dificulta esta labor, la cual incrementa su demanda en el marco de la educación virtualidad. 

Por otro lado, la educación virtual disminuye el desarrollo corporal y las interacciones con la materia física, elementos claves para quienes comienzan su periodo de aprendizaje. Lo anteriormente expuesto, sumado a los efectos psicológicos y las clases perdidas, crean un proceso de rezago en la educación de los niños y jóvenes del país que, difícilmente, pueden resarcirse en el corto plazo.  

Según la OCDE, Colombia acumuló en el año anterior un total de 150 días sin clases, mientras el promedio de países de la organización fue de 60 en secundaria y 55 en primaria, dando como resultado, según el laboratorio de economía de educación de la universidad Javeriana, un rezago en el sistema educativo colombiano de por lo menos 2 años. 

La segunda característica responde a la desigualdad en Colombia, la cual priva y excluye a un amplio número de estudiantes de la educación virtual. Un estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en compañía de ProBogotá, reveló que en la capital del país el 19% de los estudiantes de estratos 4, 5 y 6 tuvieron algún tipo de dificultad para acceder a la virtualidad, mientras que en los estratos 1 y 2, esta dificultad se elevó hasta el 49%.

Por otro lado, para el caso específico del Tolima, según la secretaría de educación de educación departamental, sólo el 5% de los estudiantes cuenta con computador de mesa, el 4% con un portátil y el 36% no tiene acceso a internet. 

Pese a este panorama y la expresa necesidad de regresar a los colegios y universidades, el problema radica en que la presencialidad no puede ser restablecida por decreto desde un escritorio ministerial en Bogotá y mucho menos orientada por el orden nacional sin tener una radiografía exacta de las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas en cada municipio del país.  

De acuerdo con lo anterior, no es una sorpresa el fallo del Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, en dónde se ordena una revisión exhaustiva sobre la infraestructura, los servicios públicos, las baterías sanitarias, los elementos de bioseguridad y la acomodación de los salones de clase y oficinas en donde se garantice el distanciamiento en colegios del municipio.

Tal medida busca determinar si es posible llevar a cabo la orientación nacional de regresar a la presencialidad o si es necesario suspender el regreso a clases en las instituciones que no cuenten con los requisitos. Asímismo, fue ordenada en virtud de una acción de tutela que solicitaba aplazar el regreso a clases presenciales y en la que se adjuntó material fotográfico que evidenciaría el pésimo estado de colegios en Ibagué. 

Resulta complejo materializar la necesidad de la presencialidad, cuando existe un amplio número de instituciones educativas sin infraestructura física adecuada, unidades sanitarias óptimas ni elementos de bioseguridad. Ahora, es imposible no hilar esta situación con el convenio 1291 de 2016 y la ambiciosa intención de mejorar 26 instituciones educativas de Ibagué, en el marco de la Jornada Única, obras que avanzan con vergonzosa lentitud y suman un déficit de más de $20.000 millones en obras complementarias, las cuales hubieran podido contribuir a superar esta difícil situación.  

Por lo anterior, resulta mas que entendible el descontento y preocupación de los padres de familia, quiénes en últimas, tendrán la potestad  de decidir si envían o no a sus hijos de regreso a clases presenciales. Es necesario que la administración municipal entienda las preocupaciones de los acudientes y juegue un rol más protagónico en la adecuación integral de instalaciones, junto con la asignación de elementos de bioseguridad, para lograr el retorno a la presencialidad con las condiciones necesarias de infraestructura y salubridad, toda vez que el proceso formativo de nuestros niños y jóvenes lo demanda con urgencia.