Invasiones, un problema que no se resuelve solamente desde lo policivo

Desde hace varios años se viene promoviendo la invasión de predios sobre terrenos públicos y privados, muchos de ellos en zonas de expansión con planes parciales, otras en zonas de mitigación de impactos, en zonas de ronda hídricas.

Dichas comunidades son caldo de cultivo para políticos y candidatos que hacen campaña en invasiones y en tierras loteadas sin licencias, ni urbanismo adecuado, en donde se construye sin licencias de construcción, prometiendo acceso a servicios públicos y legalización a cambio de votos, nunca una verdadera política de acceso a vivienda óptima y a planes de reubicación.

Durante los últimos meses el problema de las invasiones en Ibagué se agudizó, desnudando complejas redes delincuenciales. Los impactos que genera la práctica de invadir predios públicos y privados pueden analizarse en diferentes dimensiones, en el desarrollo urbanístico, en el riesgo ambiental y ecológico, en las finanzas del municipio, en la dignidad de las personas, problemas sociales, de inseguridad, tráfico de alucinógenos y de orden público, entre muchas otras más.

Recientemente el secretario de gobierno, Oscar Berbeo, hizo graves denuncias sobre la existencia de bandas delincuenciales dedicadas a promover la invasión de predios con fines económicos, resaltó la participación de “abogados avivatos” que se están aprovechando de la gente para obtener dinero, y a la actuación de reconocidos ex concejales de la ciudad que se han opuesto a las acciones de desalojo.

La posición del secretario se queda corta si no se tiene una verdadera estrategia de oferta de vivienda de parte del municipio. El anterior secretario Carlos Portela ya había dicho que esta situación los había llevado a promover la participación de la justicia y que las investigaciones adelantadas habían mostrado que un grupo de personas organizadas están tras el fenómeno de invadir lotes privados o de propiedad del municipio, que 20 personas ya están judicializadas.

Esta ruta de acción es correcta, sin embargo, la administración municipal debe ilustrar de mejor forma a los jueces de las consecuencias de avalar estos asentamientos. Enviar el mensaje correcto de cero tolerancia al delito a quienes cometen o intentan cometer estos delitos debe ser una prioridad. No sobra decir que la secretaría de gobierno tiene que redoblar esfuerzos
para evitar que estos episodios se repitan y solucionar los actuales.

Ahora bien, todo esto tiene un trasfondo que no podemos perder de vista, que muchas familias ibaguereñas no tienen la posibilidad de acceder a una casa propia, por lo que hay unas tareas que se podrían realizar. Es indispensable tener un plan de vivienda que contemple varios programas, que van desde utilizar los apoyos del gobierno nacional hasta diseñar planes propios.

A la fecha ya se debe tener un censo de las personas que se ven obligadas a invadir por mera necesidad, estos, pobres, desplazados, mujeres jefes de hogar deben ser la prioridad en la política de construcción de vivienda. Hay consenso en que se debe desarrollar proyectos que construyan en altura para reubicar a las familias que están en zonas de riesgo.

Se debe diseñar un programa de vivienda por autoconstrucción y de construcción progresiva de vivienda de estratos 1 y 2, que tengan lotes o adquieran lotes con concepto favorable de uso de suelo para construcción de vivienda, mediante asignación de subsidios, aportes en especie o créditos.

La Gestora urbana debe impulsar la constitución de bancos de tierras a nivel municipal y garantizar una oferta costeable y adecuada de suelo para desarrollar programas de autoconstrucción de vivienda, o vivienda progresiva. Como quiera que el municipio no tiene tierras para hacer planes de vivienda, la Gestora Urbana debería comprar áreas de privados.

Infibague debe desarrollar instrumentos de financiación de vivienda para programas de autoconstrucción de vivienda o vivienda progresiva, ajustados a la capacidad de pago de las familias de bajos ingresos. La Secretaría de Planeación debe consolidar los procesos de ordenamiento territorial basados en un adecuado modelo de participación y concertación con las comunidades afectadas. Es probable que falten muchos más, por ahora el escenario de las ideas está abierto.