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La inseguridad en Ibagué es alarmante. Mientras la primera autoridad de policía continúa afirmando que esta es una de las ciudades más seguras del país, los hechos y las cifras dicen todo lo contrario.
De entrada, es reprochable compararse con administraciones anteriores y sacar pecho por cifras que aparentan mejorías. No olvidemos que la tasa de delitos, en lo corrido de esta Administración, es evidentemente más baja porque en los meses del confinamiento el indicador se redujo un -84%. No obstante, cuando se levantan las medidas de restricción, el crimen recobra su cauce, pero ahora potenciado por los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Previo a la situación que actualmente vivimos, específicamente a mediados del 2020, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), documento de Planeación diseñado por la Administración Municipal, alertaba sobre un ‘efecto rebote’ en la criminalidad después del confinamiento.
Pese a que las mismas autoridades en el PISCC preveían el presente escenario de inseguridad, las medidas para mitigar el incremento de los actos delincuenciales fueron desplazadas por una posición negacionista.
¿Recuerdan el sobrevuelo diario de un helicóptero a principios del presente año? Esta medida que buscaba mejorar la perspectiva de seguridad en la ciudad, fue precedida por un pico de criminalidad que azotó a los ibaguereños.
A propósito: ¿Qué pasó con las 227 cámaras de seguridad que nos dijeron el pasado 6 de julio estarían funcionando en dos meses? ¿Cuál fue el destino de los $700 millones dispuestos, supuestamente, para el mantenimiento de dichos dispositivos tecnológicos? ¿En qué va la licitación de $15.000 millones que la Gobernación anunció para compra de cámaras de seguridad?
El último hecho lamentable tuvo lugar finalizando noviembre, mientras el alcalde seguía afirmando ante medios nacionales que Ibagué es una de las ciudades más seguras del país. En los días venideros aumentaron los hurtos a personas, establecimientos comerciales y los homicidios: dos policías perdieron violentamente la vida a mano de delincuentes motorizados, uno de ellos –y que denota la triste descomposición social que vivimos– un menor de 16 años.
Posteriormente, con la presencia del gobernador Ricardo Orozco que, en ocasiones, parece más alcalde que el propio alcalde, se planteó un sistema de recompensas, militarización de la ciudad, se incrementaron los operativos y se anunció el fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad.
Siempre esperamos a que las cosas pasen y ahí sí reaccionamos pese a que, como ya mencionamos, se tenía claro en un documento de planeación lo que se venía para la ciudad.
Siendo propositivos y aprovechando que la fuerza política del alcalde tiene el apoyo de la Gobernación, dos Representantes a la Cámara y un Senador de la República, podrían perfectamente gestionar la presencia de más efectivos para la ciudad, teniendo en cuenta que en Ibagué hay un patrullero por cada 10.000 habitantes, policías que además deben responder por la seguridad de Cajamarca, Alvarado y Piedras.
Además, lo primero que se debe hacer para afrontar un problema es reconocer su existencia. Si no se reconocen las deficiencias en materia de seguridad, difícilmente se les dará buen uso a los encargados de garantizar el orden público y la tranquilidad de los Ibaguereños.
