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Faltando 72 días para dejar su cargo como Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero firmó la resolución 0289 del 20 de octubre de 2023, a través de la cual autorizó la comercialización del poderoso Aguardiente Antioqueño en los 47 municipios del departamento.
En 12 páginas se presentaron las consideraciones legales y técnicas que oficializaban el lucrativo negocio que obtendrá la Fábrica de Licores de Antioquia y la empresa que resulte favorecida con la distribución de ese licor en el territorio tolimense.
Gracias a ese permiso exprés y silencioso que otorgó Orozco, la finanzas del Departamento de Antioquia y del intermediario crecerán a partir de este año.
El Aguardiente Antioqueño es un producto exitoso y rentable. El año pasado, la Fábrica de Licores de Antioquia logró un récord en ventas de más de 69.2 millones de botellas, con una participación del 52.3% en el mercado del país y una cifra de exportaciones de 5.85 millones de botellas. Actualmente, el 10 % de ventas son exportaciones.
El balance financiero arrojó ingresos operacionales por $ 713.859 millones y las utilidades fueron del orden de $ 292.816 millones.
Por donde se le mire, la distribución y comercialización del aguardiente paisa en el Tolima será un ‘negociazo’.
De ahí han surgido versiones, tanto en la Asamblea Departamental como entre varios exgerentes de la Fábrica de Licores del Tolima, empresa que desaparecería con la llega del Antioqueño.
Algunos diputados sostienen que ese negocio “huele mal” y que podría haber algún beneficio económico para el exgobernador Ricardo Orozco. Sin embargo, estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades.
En muchos rincones del país, los salientes mandatarios, antes de abandonar sus cargos, otorgan prolongadas concesiones en áreas como servicios públicos, recolección y disposición final de basuras, unidades especializadas en hospitales y otras operaciones tercerizadas que les arrojan millonarios dividendos hasta por 10 o 20 años.
Estas negociaciones son asumidas como “pensiones extraordinarias” y, gracias a ellas, muchos políticos nunca más vuelven a trabajar.
Por esa razón, el misterioso y perjudicial permiso que le otorgó el exgobernador Orozco a la Fábrica de Licores de Antioquia es un trago amargo que acabaría con una de las empresas públicas más queridas y representativas del departamento.
Algunos exgerentes de la Fábrica de Licores del Tolima opinan que la gobernadora Adriana Matiz podría buscar un acuerdo político con el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián
Rondón, y reversar el negocio que autorizó su antecesor.
Tanto Matiz como Rondón fueron avalados por el Centro Democrático y, ante las sombras que existen en esa operación, podrían, de común acuerdo echarlo atrás.
De no ser así, la empresa tolimense de licores quebrará y la Fábrica de Licores de Antioquia -con su distribuidor- se llevarán un buen botín de cada rincón del departamento.
