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Si Ibagué fuera una persona y pudiera comunicarse, ¿qué cree usted que pediría de cumpleaños? Esa pregunta nos la planteamos en la redacción de EL OLFATO y una respuesta unánime apareció en la sala de juntas.
La ciudad esperaría una mayor formación y responsabilidad política de sus habitantes. Esa indiferencia colectiva ha sido el combustible que abastece las maquinarias políticas regionales que tienen a la capital del Tolima sumida en el desempleo, en la pobreza, en el atraso y en la desesperanza.
Ibagué se convirtió en un botín. Los políticos tradicionales han montado estructuras para quedarse con la Administración Municipal y disponer a su antojo de los $4 billones que tiene la ciudad como presupuesto en un periodo de gobierno.
Mientras otras ciudades con un tamaño similar como Pereira o Envigado avanzan en el desarrollo de su infraestructura física, en la implementación de medios masivos de transporte y en el fortalecimiento de su economía, Ibagué sigue estancada. Los únicos que progresan son los exalcaldes, sus familias y los lavaperros aduladores que se visibilizan aplaudiendo en las redes sociales.
También mejora la economía de algunos jueces y funcionarios públicos de los organismos de control que reciben dinero para mirar para otro lado. Sin ellos, los triunfos financieros unifamiliares de los políticos no sería posible.
Esos políticos ya tienen las cuentas bien hechas para quedarse con el botín municipal. Saben que deben invertir unos $6.000 millones para comprar unos 80.000 votos, inundar de publicidad la ciudad y realizar eventos masivos que les garanticen la visibilidad.
Es un verdadero ‘negociazo’. Miremos las cifras de las elecciones de octubre del año 2023. Johana Aranda logró ser alcaldesa de Ibagué con apenas 74.889 votos, una cifra que equivale apenas al 16 % del censo electoral.
Ese domingo estaban habilitados para votar 455.458 personas, pero solo acudieron a las urnas 249.698 ciudadanos. La abstención fue cercana al 46 %.
La responsabilidad y la formación política es urgente en Ibagué. Las familias, las universidades y los colegios -por lo menos los privados- deberían educar a los futuros votantes. Porque la mediocridad del servicio público causa enorme daño en la sociedad y en Ibagué está plenamente demostrado.
Para no ir muy lejos: nos tardamos 30 años para construir un acueducto alterno, casi nueve años para terminar unos simples escenarios deportivos y llevamos 16 años hablando de un Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT) que se convirtió en una dependencia para pagar favores políticos.
Hay que hacer algo urgente. No es suficiente con protestar en las redes sociales. Si Ibagué no cambia, las futuras generaciones tendrán una realidad más triste y más compleja que la que estamos enfrentando nosotros hoy.
