Con el nombramiento en el SEPT de un político, Ibagué parece condenada al fracaso

Todas las ciudades capitales del mundo priorizan hoy los proyectos de movilidad y los medios alternativos de transporte. Copenhague, en Dinamarca; Ámsterdam, en Holanda, y Berlín, en Alemania, son, por ejemplo, líderes en la promoción de la bicicleta dentro de su planificación urbana.    

Hace 17 años, en la administración del exalcalde Jesús María Botero, Ibagué logró ser incluida en un programa del Gobierno Nacional denominado ‘Ciudades amables’. Esta iniciativa estatal buscaba implementar un modelo de transporte más moderno y eficiente, mejorar las vías urbanas, optimizar la red semafórica, construir andenes, ciclovías, paraderos y terminales de transporte y de transferencia de pasajeros.

Durante ese periodo se ha avanzado poco. En el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo se creó la dependencia que lideraría la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SEPT). En la práctica: se habilitó un espacio más para la burocracia municipal y la satisfacción del apetito de los políticos locales. 

Mientras tanto, en el vecindario, en otras capitales cercanas, ya ruedan los buses del sistema estratégico de transporte y las cabinas de transporte aéreo mueven a miles de pasajeros diariamente. 

Pereira y Manizales, para no ir muy lejos, tienen desarrollados sus proyectos de movilidad y sus habitantes lograron mejorar sus tiempos de desplazamiento, su calidad de vida y han reducido los índices de contaminación. 

La capital de Risaralda invirtió $130 mil millones y en el 2021 inauguró su sistema de cable aéreo, con una red de 3,4 kilómetros, el más largo de Colombia. 

Por su parte, Manizales transportó 1.500.000 pasajeros en su cable aéreo durante el primer semestre de este año. Este medio de transporte no solo mejoró la movilidad interna, sino que es un atractivo turístico para los visitantes a la capital caldense. 

Y nosotros, en Ibagué, normalizamos la mediocridad de la administración pública. Aquí celebramos, aplaudimos y agradecemos casi de rodillas los reparcheos viales. La mayoría de medios locales transmiten en vivo los pírricos logros de los mandatarios y maximizan la insultante gestión.

Pero lo más triste es que Ibagué sigue condenada al fracaso. La alcaldesa Johana Aranda acaba de nombrar a un político inexperto como gerente del Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué. 

A ese cargo llegó el señor Aquileo Medina después de quemarse en las recientes elecciones a la Cámara de Representantes. Es cuota del partido Cambio Radical, que dirige en el Tolima el exalcalde Andrés Hurtado. 

Medina empezó como administrador local de la desaparecida cooperativa de ahorros Cooperamos, en municipios del sur del Tolima, y luego llegó a un instituto de educación superior de El Espinal, controlado durante muchos años por el cuestionado excongresista Emilio Martínez, quien fue su mentor político. 

Después, Emilio lo hizo representante a la Cámara, en el periodo 2018 – 2022. Este editorial no tiene nada en contra del señor Aquileo, quien es -por demás- un caballero, gentil y respetuoso. 

Él no tiene la culpa que el hurtadismo lo haya llevado a la gerencia del SETP, sin tener una mínima experiencia. Tampoco iba a rechazar un sueldo de $15.439.670 después de quedar desempleado y sin curul en el honorable Congreso de la República.

No hay derecho a tanta ceguera administrativa. No hay derecho que Ibagué siga empobrecida, sin oportunidades, sin desarrollo y, lastimosamente, sin futuro. Todo gracias a las torpes decisiones de los políticos.