Libertad Religiosa en Colombia: Avances y retos que debemos conocer sobre nuestro derecho a creer.

En los últimos años ha cobrado relevancia el debate sobre el derecho a la libertad religiosa y los ámbitos en que este puede ser desarrollado. Gracias a ello, hoy nos encontramos en un escenario propicio para el diálogo, tanto interreligioso como de aquellas personas que no profesan o practican como tal un culto específico, pero que defienden el derecho a creer.

En esta perspectiva, desde el Congreso tomamos como prioritario el impulso de las políticas públicas dirigidas a trabajar por el derecho a creer, que está dentro de nuestra Constitución desde su mismo preámbulo, pero que no se había puesto en consideración profunda. Por ello consideramos como gran avance para todas las entidades religiosas y organizaciones del sector religioso, lo que logramos en los planes de desarrollo nacional 2014-2018 y 2018-2022; en los que se dejó como mandato, la formulación de la Política Nacional de Libertad Religiosa.

A través de ella, identificar y promover el impacto social de las entidades religiosas y las organizaciones de este sector en la sociedad y especialmente, cuantificar sus importantes aportes al Producto Interno Bruto (PIB) a través de la caracterización social de las iglesias, labor que se está adelantando desde el Ministerio del Interior. Por otra parte, esta cartera viene adelantando el observatorio nacional de hechos de discriminación, que permitirá un diagnóstico para tomar acciones concretas en la reducción de los casos de discriminación y persecusión por motivos religiosos.

Gracias a ello, se ha inspirado un trabajo a nivel regional, en el que los distintos líderes religiosos de diferentes credos, académicos y funcionarios públicos se han sentado a dialogar, consolidando propuestas y acciones sobre qué debe hacerse en Colombia para proteger y promover ese derecho universal que es la Libertad Religiosa y de Conciencia.

En el Tolima particularmente, también impulsamos con el Gobierno Local acuerdos programáticos para materializar la creación y puesta en marcha de la Política Pública de Libertad Religiosa y con el liderazgo del Comité en esta materia de la Gobernación del Tolima, hemos logrado crear 20 políticas municipales en el departamento. Lo cual representa un avance notable y un gran interés de participación de parte de toda la ciudadanía, ya que es el reconocimiento político y social del valor que tienen nuestras creencias y su efecto a nivel comunitario.

No obstante, queda mucho por trabajar, empezando desde la pedagogía sobre el derecho a la libertad religiosa, como de la socialización de estos ejercicios activos de participación. Es por ello que este 22 de abril, la Gobernación del Tolima y la Secretaria del Interior adelantaron el evento:“Retos y Desafíos en la Protección de la Libertad Religiosa en el Tolima” con el fin dar a conocer los avances en materia de protección a la libertad religiosa en el país. En este marco el Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena; el señor Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero; recalcaron al Tolima con un ejemplo a nivel nacional, dado el compromiso que asumieron alcaldes de los municipios del departamento y las corporaciones locales en sacar las políticas locales, como la conformación de comités para promover el respeto de la Libertad Religiosa y el diálogo interconfesional.

Se hizo énfasis además en la importancia de reconocer el impacto social del sector religioso desde la consecución de una verdadera paz, que inicia con el individuo, hacia una sociedad armónica; en concordancia con los Objetivos de Desarrollo sostenible 2030. Alrededor del mundo se ha evidenciado cómo las organizaciones y entidades religiosas han tenido un impacto clave en la reducción de problemas como suicidio, drogadicción y todo tipo de violencias. Ya comenzamos con buenos pasos esta gestión en nuestro país, pero debemos seguir trabajando por una agenda a largo plazo en que la libertad religiosa se convierta en función de su importancia en una agenda programática nacional.