Síguenos en Google News
El tema de salud mental se convirtió en una de las preocupaciones durante esta pandemia por COVID-19. Las medidas de confinamiento y los efectos sociales de las consecuencias del virus tanto en las personas como en las comunidades, hizo más visible la necesidad de prevenir y atender de manera integral el trastorno mental en nuestro país.
Nos sorprenden las cifras de mortalidad del coronavirus, que según calcula la OMS, puede ser superior a 3,4 millones de muertes por COVID-19. Sin embargo, esta cifra puede verse como mínima ante los 700.000 decesos al año que se registran en promedio a nivel mundial, de manera sostenida. Estamos ante una pandemia silenciosa, mucho más mortal frente a la cual se necesita más que una vacuna, y que es solo la punta del iceberg de un problema de salud pública que es el trastorno mental.
Así lo corroboran las recientes cifras del DANE, que alertan sobre el incremento del 9% del suicidio en Colombia en el 2021, y que se lleva la vida de cerca de 1.500 colombianos al año, es decir, 8 por día. Según el INS el intento de suicidio a 2021 va por encima de los 6.100, afectando principalmente a ciudades capitales de la región central del país, sin contar con un alto sub-registros de casos no reportados o que se determinan por causas de muerte natural.
Frente a ello, la Bancada del Partido Político MIRA adelanta en el Congreso el Proyecto de Ley No. 169 de 2021, por medio de la cual se fortalece la Política Nacional de Prevención y Atención de la Salud Mental que busca desde un enfoque especial, incluir el componente espiritual como parte integral de la atención a los trastornos de enfermedad mental, tanto para pacientes como para sus familias y cuidadores.
La iniciativa propone, entre sus disposiciones, una caracterización plena y continua de trastorno y salud mental en todo el territorio nacional, con el fin de que se amplíe la perspectiva para garantizar promoción, prevención y atención integral a la salud mental de todos los colombianos.
Con ello buscamos dejar unas bases transversales, como medidas a corto plazo que permitan calidad de vida para pacientes, familiares y cuidadores, que sufren el flagelo de la enfermedad mental; así como promover oportunidades en un contexto que requiere de atención urgente en Colombia. Es un proyecto que permitirá cuidar la vida como el regalo más preciado, desde la toma de conciencia de lo que afecta lo más profundo del individuo, su salud mental.
De igual manera, en el marco de la pandemia encontramos un actor fundamental en la atención psicosocial: el sector religioso y dentro del acompañamiento de la Política de Libertad Religiosa en los territorios, fue posible evidenciar el aporte social, el impacto y el potencial positivo de esta política, sobre la salud mental de los creyentes que buscan ese apoyo psicosocial en sus congregaciones. Desde el campo científico y de acuerdo a la OMS, se identifica de igual manera que el componente espiritual es fundamental para una buena salud mental, por lo que éste será uno de los puntos claves de este proyecto que tendrá pronto su primer debate en la Comisión VII del Senado y que por supuesto está abierto a los comentarios y aportes de todos los sectores interesados.
Precisamente en esta coyuntura, estaremos reunidos el próximo 28 de octubre, por invitación de la Alcaldía de Ibagué, para hablar sobre la política local de Libertad Religiosa y en la que profundizaremos sobre estos retos en materia del derecho a creer y de la mano, el derecho a la salud mental de nuestros tolimenses. Los invitamos a estar conectados para aprender más sobre estos temas que tocan lo más profundo del ser y que nos afecta de manera general, sobre el cual podemos construir propuestas.
Hay una alerta sobre la importancia de la salud no solo desde un cuerpo sano, sino también desde la mente y espíritu nutridos y atendidos; en ese sentido, se debe construir una oferta pública en salud que atienda a un bienestar integral de los ciudadanos y contribuya a la mitigación de esta pandemia silenciosa.
