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En su libro “Economía en una lección”, que todos deberíamos leer en el colegio, Henry Hazlitt demuestra cómo todo gasto y empleo público significa impuestos. No es tan difícil de entender, pero sí muy difícil de asumir, especialmente en sociedades donde la burocracia estatal y lo que de esta se deriva (contratos, favores, prebendas) ha sido el soporte de la clase política. El concepto del “barril del puerco” (pork barrel) parece encontrar suficiente evidencia, pues los políticos se lanzan con toda su fuerza para tratar de quedarse con una tajada más grande de la merienda que les van a repartir, usualmente desde el poder ejecutivo, en todos sus niveles.
La falta de procesos formativos y de aprendizaje que promuevan activamente el pensamiento crítico y el emprendimiento, hacen que las nuevas generaciones sean presas de un discurso que promete un estado omnipotente y omnipresente, cuyo rol se refuerza simbólicamente cada vez que se inaugura un polideportivo, una piscina, un nuevo estadio y tantas otras cosas que acompaña la orquesta del pueblo cuando el “jefe” político de turno se presenta para cortar la cinta.
Tenemos derecho a todo: educación, salud, nutrición, vivienda, trabajo justo, etc. Sin embargo, en América Latina ese derecho, paradójicamente, viene acompañado de amplias limitaciones a la libertad, por la vía de restringir nuestra posibilidad real de elegir ¿Pueden las personas con menos recursos seleccionar el colegio al que irán sus hijos? No, tienen dos opciones: ir a la escuela pública o no ir. ¿Pueden seleccionar el hospital en el que prefieren que los atiendan? No, el hospital público es la única opción y, entre esa y ninguna, es la mejor. Así podemos preguntar por tantos derechos que acompañan los más encendidos discursos políticos que todo prometen, sin aclarar que, a su vez, todo quitan.
¿Alguien duda del interés que tienen los políticos por lograr el control de los hospitales, los presupuestos para vivienda, los nombramientos y trasladados de maestros, los planes de alimentación escolar? Los casos de corrupción se cuentan por los miles y pocos parecen levantar la mano y exponer con claridad el asunto: hay un legado de corrupción y clientelismo que solo se puede superar cuando se permita la competencia real. Algunos quisieran volver a hacer fila en las oficinas de Telecom para poder llamar, convencidos de que primero están los derechos de unos pocos del sindicato, que de los millones de colombianos que nos cansamos de pagar más por un servicio que cada día cuesta menos.
El día en que se permita, por ejemplo, a una escuela privada recibir recursos públicos porque las familias la prefieren frente la opción de la escuela pública, ese día estaremos hablando de competencia real y los beneficiados serán los estudiantes y sus familias, que podrán elegir en libertad. Por supuesto que las reglas tienen que estar claras y exigir condiciones laborales similares en ambos casos, entre otras. Ejemplos hay muchos y algunos maestros que se quedaron atrás presionan a sus sindicatos para que se prohíban los colegios en concesión.
Lo mismo debe ocurrir con los hospitales. Debemos tener opciones y elegir la que más nos gusta. De ahí que el modelo de EPS se orientara hacia allí, aunque muy pronto fue capturado por sectores de la clase política que lo corrompieron. Aún así es ejemplo para muchos países a nivel mundial por la cobertura que ha logrado.
Todo nuevo gasto público, todo nuevo empleo público implica que el estado debe generar nuevos recursos. La única fuente para ello son los impuestos, no hay otra. Quienes dicen que somos ricos en hidrocarburos y que nuestros recursos naturales son suficientes para que todos podamos vivir a costillas de lo que nuestra ubicación nos ofrece, deberían estudiar un poco más y liberarse de la demagogia de quienes así los guían.
Las ciudades intermedias como Ibagué, Villavicencio, Neiva, Armenia sufren tasas altísimas de informalidad y desempleo, pero la ciudadanía sigue votando por quienes proponen más gasto público, más empleo público, más obras. Olvidan que para ello se requieren más impuestos y ese nuevo recaudo lo administrarán los políticos para el bienestar de sus “líderes” y pensando en sus electores más leales, aquellos que renunciaron a su libertad para depender de lo que diga el “jefe”.
Es muy triste ver a los jóvenes profesionales detrás del político de turno pidiendo que les ayuden con un contrato, que los nombren “en lo que sea” en el gobierno municipal o departamental. Ojalá algún día entiendan que es la empresa, no el gobierno, la que genera empleo y promueve nuevos y mejores puestos de trabajo. Ojalá entiendan lo mal que debe ser visto el hecho de que una minoría organizada se encargue de administrar los recursos públicos para movilizar electores. Ojalá algún día se asuma, como han demostrado Robinson y Acemoglú, que en las instituciones políticas está el origen de nuestra desgracia.
