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Desde hace dos meses, el Departamento Nacional de Estadística, Dane, está informando que la crisis del desempleo en Ibagué es alarmante, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. (Ibagué sigue perdiendo puestos de trabajo: pasó de 78.000 a 91.000 desempleados, informó el Dane)
La más reciente medición muestra que hay 91.000 personas desocupadas y otras 204.000 inactivas, es decir, que se cansaron de buscar trabajo y se dedicaron a otras actividades. La tasa de desempleo llegó al 37.6 %, informó ayer el Dane.
Palabras más palabras menos: media población está pasando dificultades económicas, miles de hogares no tienen para comer y menos para pagar arriendo. Esa situación es un combustible para las crisis de salud mental e inseguridad que enfrenta la ciudad.
No son simplemente estadísticas frías; estos números tienen rostro y estómago. Por eso causa indignación el silencio de las autoridades locales.
Ni el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, ni el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, han dicho algo.
Han tenido múltiples encuentros, visitan juntos hospitales, plazas de mercado, se toman fotos, hacen transmisiones en Facebook, pero parece que no les queda tiempo para ponerse los pantalones y enfrentar esta grave problemática.
Y nadie dice nada. Algunos gremios de la ciudad están silenciados, recibiendo contratos de la Alcaldía de Ibagué y aplaudiendo las decisiones del mandatario local. Como ocurrió en la época de Édgar Rodríguez, en Fenalco, durante la administración de Luis H. Rodríguez.
En estos dos meses no ha habido ninguna reunión entre las autoridades locales y el Comité de Gremios del Tolima para definir estrategias urgentes que permitan contrarrestar la crisis. Tampoco han sido convocados los congresistas de la región. Mucho menos las universidades.
Si seguimos así: los medios repitiendo números del Dane, los gremios facturando y aplaudiendo, los congresistas buscando puestos para sus cuotas políticas y las universidades como islas independientes, no habrá solución en el corto ni mediano plazo.
