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Los serios problemas económicos y productivos que tiene Ibagué urgen soluciones serias, consistentes y duraderas.
Llevamos casi dos décadas ocupando los primeros lugares entre las ciudades con las tasas más altas de desempleo. Solo nos superan Cúcuta y Quibdó, capitales con problemáticas sociales graves como la migración de venezolanos y la pobreza histórica que ha enfrentado el Chocó.
Los medios de comunicación locales han publicado centenares de titulares e información estadística, pero la sociedad sigue adormecida, como si la pobreza fuera parte del paisaje.
Ibagué es hoy una ciudad sin oportunidades, cuya economía es débil. Tenemos más de 53.000 desempleados y 121.000 trabajadores informales. No existen grandes empresas, pero abundan las tiendas, las misceláneas, los salones de belleza, las discotecas y los bares.
Las principales fuentes de trabajo siguen siendo - trágicamente - la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, situación que conlleva a muchos ciudadanos a depender económicamente de las familias Jaramillo y Barreto, las dos casas políticas dominantes en la región.
Esa dependencia de la contratación oficial fideliza electores y enceguece seguidores. Es fácil encontrar a apasionados jaramillistas y barretistas insultándose entre sí en las redes sociales de los medios comunicación. Por ejemplo, en la Alcaldía de Ibagué hay un ‘escuadrón’ de jóvenes dedicados a defender al alcalde Jaramillo y matonear a todo aquel que se atreva a decir algo en su contra.
Históricamente se ha comprobado que esa ‘fidelidad’ dura el mismo tiempo que el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios. Así pasó en los tiempos de Luis H. Rodríguez. La lealtad se acaba con la liquidación del contrato.
Equivocadamente, como sociedad, hemos esperado que los políticos conduzcan a la ciudad por un camino distinto. Que se repitan historias exitosas como las que han visto los medellinenses o los pereiranos. Pero no. Los políticos no fueron (ni serán) la solución.
Los dirigentes locales nuestros son más politiqueros y cortoplacistas. Ellos saben más de contratación pública, de maquinaria electoral, de trámites en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría, y de inversiones personales.
Se avecinan unas nuevas elecciones y el panorama no es diferente. Por eso, es necesario recordar que hace cuatro años llegó de Bogotá un “salvador”, quien no transformó la ciudad como prometió ni acabó la corrupción como aseguró.
En Ibagué la corrupción no se acabó, simplemente cambiaron los apellidos de los beneficiarios.
EL OLFATO está dispuesto a promover el voto en blanco como un mecanismo de protesta contra esa clase política local. Es la única manera que tiene la sociedad para decirles a quienes se creen “dueños” de la ciudad que Ibagué no les pertenece.
Y esa misma sociedad, la empresa privada y los tímidos gremios económicos deben salir de la zona de confort. Hay que salir de Ibagué e ir hasta Medellín o Pereira para conocer cómo lograron avanzar sin esa dependencia ciega de los políticos, porque en los nuestros no se puede confiar.
