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Todos reconocemos la compleja crisis social, económica, sanitaria y humanitaria que hoy afecta al pueblo colombiano, que lo ha llevado a las calles y veredas a exigir un cambio político y social, inicialmente expresado en la derogatoria de la reforma tributaria, la reforma a la salud y la exigencia de medidas de asistencia social y fortalecimiento del sistema de salud para afrontar las consecuencias de la pandemia que hoy golpea a la humanidad entera.
Esta histórica movilización social está sustentada en derechos fundamentales consagrados en la constitución y en la ley y, por lo tanto, debe ser reconocida y respetada por el Estado en su conjunto.
Diversas fuentes, principalmente de ONG de Derechos Humanos nacionales e internacionales, las redes sociales y algunos medios masivos de comunicación, informan de la violenta respuesta oficial y policial a los marchantes con saldos de cerca de 16 muertos, incluyendo al joven Santiago Murillo en nuestra querida Ibagué, centenares de heridos, centenares de detenidos, arbitrariamente en su mayoría y hasta ciudadanos desaparecidos después de detenciones de la Policía Nacional.
Esta situación muestra con suficiencia las enormes deficiencias de la democracia colombiana, que se acerca peligrosamente a una dictadura por cuenta de un Gobierno Nacional inepto, débil y absolutamente servil a los intereses oscuros de unos pocos súper-ricos y unas minorías fascistas que desde las sombras ordenan masacrar, infiltrar y reprimir a los marchantes, para ahogar sus justos reclamos y mantener a Colombia en la pobreza, la miseria y la desigualdad.
Ante estas circunstancias expreso contundentemente mi voz de respaldo a la movilización social y a sus reclamos. Rechazamos la respuesta oficial represiva y violatoria de los Derechos Humanos.
Hacemos un llamado respetuoso y vehemente al Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, y al Alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para que como primeras autoridades de policía, en sus jurisdicciones intervengan oficialmente para evitar los alevosos ataques a los marchantes, se garantice el derecho a la Movilización Social en nuestro territorio y se adelanten prontamente y con resultados las investigaciones para individualizar y judicializar a los responsables de hechos como el asesinato de Santiago Murillo, no queden en la impunidad.
Debemos lamentar también los hechos vandálicos de anarquistas que aprovechan la movilización para delinquir, los cuales deben ser bloqueados y aislados por la ciudadanía pacifica, pues le hacen grave daño a la movilización, las autoridades deben identificar y procesar con todas las garantías de ley a estas personas, eso sí respetando siempre los protocolos y DDHH en todo procedimiento.
Convoco a la ciudadanía tolimense e ibaguereña a respaldar la movilización social, a protegerla ante la represión estatal y ante la infiltración y fortalecerla participando, con el retiro de la reforma tributaria no acaba la lucha, el pueblo colombiano debe lograr que el Gobierno Nacional se vea obligado a derogar la nefasta Reforma a la Salud y que se materialice una renta básica para los más necesitados, una fuerte inversión en reactivación económica y medidas de fortalecimiento y democratización del sistema de salud que nos permita superar con éxito esta pandemia.
