La impunidad de parranda en el Tolima y el mal ejemplo del Procurador

La semana pasada la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a 16 concejales de Valledupar, en el Cesar, por haber elegido como Contralor Municipal a Ómar Javier Contreras, pese a la inhabilidad que tenía por haber ejercido un año antes como Defensor del Pueblo de ese departamento. (Ver: Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a 16 concejales de Valledupar)

Algo muy similar ocurrió en Ibagué con la elección del Contralor y el Personero Municipal. Sin embargo, a los concejales de la capital del Tolima solo les impusieron una leve sanción de nueve meses, en un fallo de primera instancia, proferido en diciembre de 2017. (Ver: Procuraduría suspendió por nueve meses a los concejales de Ibagué)

La decisión de segunda instancia lleva 12 meses engavetada en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, sin ninguna explicación; aunque también es cierto que el fallo definitivo tampoco genera muchas expectativas.

Lo más probable es que les reduzcan el castigo a dos o tres meses de suspensión, lo cual les permitirá continuar con su carrera política sin ningún problema. (Ver: El Concejo sin vergüenza)

Pero, ¿por qué la Procuraduría fue tan severa en Valledupar y tan permisiva en Ibagué? ¿tiene algo que ver las buenas relaciones y las animadas parrandas que comparten el procurador Fernando Carrillo y los políticos del Tolima?

Eso es difícil de probar. Tal vez. No obstante, lo cierto es que las recientes fotografías del procurador Fernando Carrillo en la fiesta de cumpleaños de Emilio Martínez, en El Espinal, dejaron un mal mensaje. (Ver: La parranda del procurador Fernando Carrillo con los políticos del Tolima)

Es vergonzoso que el hombre encargado de vigilar el comportamiento de los servidores públicos en Colombia salga de parranda con los jefes políticos de sus investigados, sobre todo en un departamento seriamente azotado por la corrupción administrativa.

Y para el periodismo investigativo es desestimulante encontrarse con una burocrática y silenciosa Procuraduría General de la Nación, en donde la mayoría de las denuncias terminan archivadas o con rápidas declaratorias de nulidad que favorecen a cuestionados personajes como la célebre exsecretaria de Cultura de Ibagué Ángela Viviana Gómez.  (Ver: La impunidad del Panóptico y el reencauche político de Ángela Viviana Gómez)

Gracias a esos amiguismos, la corrupción en el Tolima sigue de parranda, y las finanzas públicas seguirán siendo saqueadas por unos y otros: ¡Uepa je, compadre Carrillo!