Se completaron cuatro años del desfalco más grande en la historia de Ibagué: los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 y los escasos resultados de las investigaciones conducen -silenciosa y sútilmente- a la impunidad.
En prisión están cerca de 17 personas y todas ellas tienen un común denominador: eran los mandos medios de una estructura criminal dirigida por poderosos delincuentes de cuello blanco, algunos de los cuales siguen dirigiendo los hilos de la política local y hablando de honestidad y transparencia en la administración pública. (Así luce el otrora poderoso abogado Orlando Arciniegas Lagos)
Tal vez la única cabeza visible que está tras las rejas es el exalcalde Luis H. Rodríguez, pero todos en Ibagué saben que su débil carácter y su reducida capacidad intelectual le habrían permitido comandar el saqueo de las finanzas públicas de la ciudad. (Nueva medida de aseguramiento en contra de Luis H. Rodríguez por el desfalco de los Juegos Nacionales)
Esto no quiere decir que sea inocente, pero tampoco se puede ocultar que el exmandatario recibía órdenes de congresistas y excongresista, todos ellos muy bien relacionados con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, quien giró cerca de $100 mil millones a través de Coldeportes, entidad que brilló por su falta de control en la ejecución de esos recursos.
La Fiscalía -como ya se dijo- ha capturado a algunas de las personas que participaron activamente en este robo, entre ellos: funcionarios y contratistas del Imdri, empleados operativos de algunas empresas españolas (Typsa), los testaferros del abogado Orlando Arciniegas y un par de abogados y exsecretarios de la Alcaldía de Ibagué. (Imputan cargos a exrepresentante de la Unión Temporal Parque Deportivo y su esposa por desfalco a obras de los Juegos Nacionales en 2015)
Sin embargo, no hay resultados que comprometan a las cabezas de las multinacionales españolas Typsa y los cuestionados grupos Ortz y Vera, el primero responsable de la remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42 y, el segundo, del Parque Deportivo.
Tampoco pasó nada con los políticos y empresarios locales que fueron mencionados por el excontratista Jorge Alexander Pérez, alias ‘El chatarrero’, quien jugó un papel clave en la adjudicación irregular de los contratos de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. ('El Chatarrero' se quedó con $1.500 millones del contrato de ejecución del Parque Deportivo)
Y ni qué decir de los concejales y exconcejales de Ibagué que facilitaron las movidas presupuestales que hizo Luis H. Rodríguez para aumentar el botín que posteriormente se robaron.
El pasado 28 de mayo, el abogado Diego Fernando Gutiérrez, exdefensor de Jorge Alexander Pérez, dijo que su cliente había develado los nombres de más de 40 personas que habrían participado en este hecho criminal.
“Ya había un acta de preacuerdo para la aplicación del principio de oportunidad íbamos a entregar 42 personas. Nos demoramos dos meses en la Fiscalía General de la Nación entregando información corroborada con chats, con videos; y no entiendo la razón por la que la fiscal del caso resolvió que no iba a utilizar nuestra información. Solo espero que capturen 42 personas, de lo contrario iniciaré acciones legales”, aseguró en su momento Gutiérrez.
Esa declaración cayó mal en Ibagué y hasta un juez del caso de los Juegos Deportivos Nacionales ordenó investigarlo por hacer tales afirmaciones.
Pero las cosas hay que decirlas, la Fiscalía General de la Nación algo ha hecho en comparación con la vergonzosa gestión del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, amigo personal de los jefes políticos del capturado Luis H. Rodríguez.
Casualmente, las investigaciones contra el exalcalde de Ibagué se cayeron en la Procuraduría y tuvieron que iniciarlas nuevamente.
Es decir: hoy Rodríguez es un hombre inocente, pues no tiene ninguna sanción disciplinaria o penal en su contra.
Y, seguramente, si Luis H. estuviera libre habría podido ser candidato a la Alcaldía de Ibagué en las pasadas elecciones de octubre y, lo peor, con altas probabilidades de triunfar porque en Ibagué los electores no tienen memoria y la justicia poco funciona.