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En la Universidad me enseñaron que el derecho penal debe ser de mínima intervención (principio de necesidad) y la última ratio o último mecanismo de control social.
Sin embargo en la actualidad, en nuestra sociedad el sentimiento de venganza y el “populismo punitivo” ha propiciado que el legislador criminalice muchas conductas que podrían ser controladas de una forma diferente v.gr. a través del derecho administrativo sancionador disciplinario, el derecho policial, etc.
Por ello, la academia ha criticado que el ordenamiento penal haya pasado a transformarse en prima ratio, inclusive, se ha llegado a afirmar que actualmente se afronta un fenómeno de “administrativización del derecho penal”.
En efecto, en Colombia existe un exacerbo de delitos contra la administración pública, que en palabras del columnista Luis Felipe Henao del “El Espectador”, “muchos de ellos con una terrible redacción, lagunas y todo tipo de vericuetos que terminan salvando a los funcionarios corruptos y enredando a los honestos”.
Así, a lo único que ha conducido la desnaturalización de los principios básicos del derecho penal con la proliferación de nuevos delitos y aumento de penas, es que a la mayoría de los funcionarios honestos los judicialicen por violaciones formales a la ley, sin que se hayan robado un peso y sin que se analice su intención (dolo) o la buena fe de su actuar.
Como consecuencia de lo anterior, últimamente se observa un creciente número de imputaciones y solicitudes de medidas de aseguramiento privativas de la libertad en contra de servidores públicos, por simples equivocaciones en tecnicismos jurídicos o desaciertos normativos en las decisiones administrativas, como si el funcionario público tuviera que ser perfecto conocedor de la legislación de forma superior a un abogado o a un juez, al punto de que cualquier error legal se le castigará con cárcel.
Es por esto, que hago un llamado de atención a nuestros legisladores, a la academia y a la fiscalía para que se reformule la política criminal sobre la base de aquello del derecho penal mínimo y como última ratio, pues la producción desenfrenada de leyes no es la solución de la corrupción, sino por el contrario, lo que ocasiona es que los hombres decentes y honestos no aspiren nunca a ser servidores públicos, salvo que sean suicidas.
