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Menuda polémica se ha suscitado en días recientes en la ciudad ante las crecientes operaciones de crédito que se avecinan, las cuales no solo ponen en evidencia la mediocridad de la administración para gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, sino el curioso y repentino afán de contar con recursos para contratar a diestra y siniestra, sin que muchos tengamos certeza plena de que estos recursos vayan a ser invertidos con transparencia y eficiencia.
Independientemente de los reparos que los cupos de endeudamiento autorizados al municipio por el “honorable” Concejo de Ibagué, hay otra operación crediticia que llama la atención, esta vez en el Ibal, por los supuestos en que se basan para garantizar la no despreciable suma de $40.000 millones.
Tal y como lo registrara este portal hace algunos días (Ver: Junta directiva del Ibal autorizó a Girón endeudar la empresa por otros $40.000 millones), la junta directiva del Ibal autorizó al cuestionado e investigado Gerente de dicha empresa a contraer esta nueva deuda, aparentemente para llevarle agua a los barrios del sur.
Según un asistente a la junta del Ibal que por obvias razones pidió reserva de su identidad, en la sesión de junta directiva en donde se aprobó este cupo de endeudamiento se presentaron varios escenarios, muchos de los cuales fueron descartados por inviables. Sin embargo, capta la atención el llamado escenario # 2, el cual plantea unas simulaciones que servirían para garantizar ingresos futuros y que, en consecuencia, servirán para responder por esta nueva operación de crédito.
El problemita es que dichas simulaciones lucen irreales, poco confiables y a aparentemente desproporcionadas. Al fin y al cabo, cuando los apetitos contractuales y el Excel se unen, todo resulta posible. Vayamos pues a los supuestos que se le presentarían a los bancos para lograr la aprobación de esta operación.
La primera variable que llama la atención es la proyectada vinculación 23.400 nuevos usuarios en un lapso aproximado de ocho meses, de la siguiente manera: 10.000 nuevos usuarios para diciembre de 2018 y 13.400 entre enero y junio de 2019. Estas estimaciones lucen un poco infladas, esto si consideramos que a septiembre de 2018, y según fuentes del mismo Ibal, solo se ha registrado la vinculación de 5.000 nuevos usuarios.
Entonces surge una pequeña duda: ¿si en nueve meses de este año solo se han vinculado 5.000 usuarios, es decir un promedio de 556 usuarios por mes, cómo diablos van a vincular a otros 5.000 entre octubre y diciembre de 2018? ¿Y cómo en solo seis meses de 2019 se van a vincular en promedio 2.234 usuarios por mes? Cuando menos la empresa debería ofrecer tanto a los bancos como a la ciudadanía una explicación real de su asombrosa estrategia para lograr estas metas.
El segundo argumento, que va ligado al anterior, es que aparentemente se va a incrementar la facturación, incrementando en un lapso relativamente breve la facturación en un 27 %, llegando a una facturación de 33 millones de metros cúbicos por año. Considerando que el Ibal viene facturando un promedio de 26 metros cúbicos anuales, y que en el corto plazo ni se van a anexar al perímetro hidráulico los acueductos comunitarios ni tampoco se va a registrar una expansión notable en el número de usuarios, ¿cómo es que van a alcanzar los 33 millones de metros cúbicos? Difícil de creer en la realidad, pero fácil de plantear en un modelo.
El último aspecto a analizar supone una evaluación del marco tarifario, pues aparentemente este nuevo empréstito se deberá pagar con mayores tarifas. Sin embargo, un aumento de tarifas debe surtir unos pasos que se tomarán su tiempo, pues para empezar hay que modificar el llamado Poir (Plan de Obras de Inversión Regulado) ante la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para incluir las nuevas inversiones en acueducto. Mientras esto sucede, y contando con que dicha modificación sea factible, el Ibal no podrá incrementar sus tarifas y la proyección de mayores ingresos para cubrir el nuevo crédito será solo una promesa más de esta administración.
Ya veremos qué explicaciones puede ofrecer el Ibal y su cuestionado e investigado Gerente a estas dudas razonables. En el entretanto, no solamente es de esperar que los bancos hagan un juicioso ejercicio de Due Diligence, sino que por el bien de la ciudad es preciso alertar a la Vicepresidencia de la República, quien ha asumido el tema de lucha contra la corrupción, a la Procuraduría General y si hay merito para ello a la Superintendencia Financiera de Colombia para que revisen en detalle este proceso y le eviten más dolores de cabeza a nuestra maltrecha ciudad.
¿O acaso se molestará también Jaramillo, su desprestigiado Zar Chapatín y sus más cercanos funcionarios si se extreman las medidas para evitar cualquier riesgo de corrupción? Amanecerá y veremos…
