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Mientras se lee esta columna, un tribunal de arbitramento puede transferirle hasta 400 mil millones de pesos de los colombianos al Consorcio de la Ruta del Sol II, la empresa que realmente pagó los sobornos “de Odebrecht” y que pertenece a Odebrecht en 62 % (le tocarán de este torcido $240 mil millones), a Episol –que controla Luis Carlos Sarmiento Angulo– en 33 % ($120 mil millones) y a Carlos Solarte en el porcentaje restante.
Esto sucede porque no obstante las confesiones de corrupción de los ejecutivos de Odebrecht que dirigían el Consorcio de la Ruta del Sol II, esta empresa no ha recibido sanción alguna en Colombia, por lo que está negociando de tú a tú con el Estado. Y porque, al fallarle el primer acuerdo leonino con la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), santistas, vargaslleristas y uribistas aprobaron la Ley 1882 de diciembre de 2017, que autoriza el pago de los 400 mil millones de pesos y que se aprobó con la ilegal desvergüenza de aplicarse con retroactividad, a la medida de Odebrecht y Sarmiento Angulo. ¿Cómo se llegó a este descaro monumental y qué papel jugaron Germán Vargas Lleras e Iván Duque?
Una vez se probó que el Consorcio de la Ruta del Sol II se había ganado el contrato comprándose por 6.5 millones de dólares al viceministro de Transporte de Álvaro Uribe, surgieron unas preguntas: ¿cómo iría a tratar Santos a esa empresa corrupta, que también le había financiado su candidatura? ¿la sancionaría económicamente –caducando el contrato o terminándolo unilateralmente– o le negociaría un arreglo ventajoso para ella –terminación amistosa y por mutuo acuerdo–, como si nada hubiera pasado? Luego de algunas frases altisonantes y huecas del vicepresidente de aquel entonces, Vargas Lleras, zar del sector de vías, sucedió algo muy llamativo. El Superintendente de Industria y Comercio (Sic), hombre de Cambio Radical, se metió en el pleito sin tener autoridad legal y le ordenó a la Ani que, ¡en tres días y bajo pena de sanción!, terminara el contrato con el Consorcio, con lo que, en la práctica, por el plazo brevísimo, impuso un mutuo acuerdo, otorgándole un gran poder de negociación a la gente de Odebrecht y Sarmiento Angulo. ¿El pretexto, también ilegal, de la Sic para esa determinación? Que se había violado la libre competencia. ¡Un delito de gran corrupción trasnacional tratado –esto solo puede pasar en Colombia– como una infracción administrativa!
El acuerdo que resultó de la orden de la Sic aprobó 700 mil millones de pesos para el Consorcio de la Ruta del Sol II, además de otras gabelas, suma mayor a la que había invertido en el negocio y sin que, insisto, implicara ninguna sanción. Tan malo fue el arreglo para el país, que el abogado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE– en el pleito Ani-Consorcio, Ramiro Bejarano, prefirió hacerse a un lado. Debe saberse que, tras estallar el escándalo, Santos y Vargas Lleras habían nombrado en la dirección de la ANDJE a Luis Guillermo Vélez, conocida ficha de Sarmiento Angulo, al igual que el Fiscal Martínez, que sobre esto también alcahuetea. El problema que tuvieron, y por eso la Ley 1882 y el actual tribunal de arbitramento, consistió en que esta trapisonda se las desbarató la Procuraduría.
Iván Duque entra en esta historia de varias maneras. Primero, porque fue a Brasil con Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta –salido por corrupto del gobierno de Uribe y contratista de Odebrecht en Colombia– a reunirse con Duda Mendoça, quien luego confesó haberle pasado 1,5 millones de dólares de Odebrecht a la campaña de Zuluaga. Y porque, cuando se supo de este viaje, Duque montó como coartada una denuncia ante la Sic por el caso Odebrecht –no ante la Fiscalía ni la Contraloría o la Procuraduría– y ¿saben por qué razón? Por violación a la libre competencia (!!!), preciso el mismo cuento que después utilizó el jefe de la SIC para meterse en lo que no tenía derecho. Duque además, como senador, unido con el uribismo y el santismo, incluido Cambio Radical, aprobó la citada Ley 1882, de descarado favorecimiento a Sarmiento Angulo y a Odebrecht.
Para mayor indignación, hace poco se supo que los ejecutivos de Odebrecht confesaron que la plata a la campaña de Zuluaga 2014 la enviaron con su ex empleado en Colombia Daniel García Arizabaleta. Y confesaron además que los sobornos a las campañas de Santos y Zuluaga en 2014 también eran para engrasar el tribunal de arbitramento –el mismo de hoy con otros árbitros– que en ese entonces el Consorcio de la Ruta del Sol II ya le había impuesto a la Ani para robar, también de esta manera, a los colombianos.
Que Germán Vargas Lleras e Iván Duque respondan públicamente por estos hechos.
