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No se recuerda en Colombia una molestia más extendida que la del Caribe. Reclaman las organizaciones sociales, por norma las primeras en hacerlo, pero también los alcaldes de las capitales, las cámaras de comercio, los comités intergremiales, los obispos, los especialistas, los medios de comunicación y casi todos los sectores políticos.
Es natural tanta coincidencia. Porque los irrita que por el plan de desarrollo de Duque (2019) las facturas de la electricidad se encarecieran, además de la inflación, en 46 por ciento, duro cambio que aumenta el hambre de los hambreados, empobrece más a los empobrecidos, arrincona a las clases medias y desestimula y hasta quiebra los negocios, al punto de que se habla de abandonar la región.
La molestia aumenta porque cada vez más costeños se enteran de que las tarifas deben subir otro 42 por ciento real –hasta el 88 por ciento–, bastante más que el aumento del ingreso de las familias.
También genera rechazo que lo acordado entre la ministra Irene Vélez y las empresas que facturan esté muy lejos de las exigencias de los usuarios. Porque las rebajas serán muy menores, del orden de 5,6 por ciento y solo por noviembre y diciembre. Cuán poco justo le resultó al gobierno del “cambio” el llamado “pacto por la justicia tarifaria”, acuerdo que ni les consultaron a los paganinis.
Le suma bastante a la inconformidad que en el nuevo gobierno sigan siendo secretos los contratos que usó Iván Duque para dividir a Electricaribe entre Air-e y Afinia. Porque Duque fue incapaz de darle la cara al país luego de autorizar actos tan abusivos como que Air-e pagara —y parecido sucedió con Afinia— 285 mil millones de pesos por su parte de Electricaribe, pero que le otorgara el derecho a hacer ganancias sobre $2,4 billones, y con la alta tasa del 12,09 por ciento, regalándole utilidades exorbitantes.
Por razones obvias, molesta mucho que les sigan cobrando la electricidad que a las empresas se les pierde de sus redes, y falta que se enteren que la reforma tributaria presiona nuevas alzas por la sobretasa de tres por ciento al impuesto de renta de la generación hidráulica.
Se repudia todavía más que este gobierno esté usando las mismas normas de Duque para fijar las tarifas de Air-e y Afinia, aunque el artículo 126 de la Ley 142 lo autoriza a cambiarlas. Porque, demagogias aparte, esa es la única solución verdadera a unos abusos que hacen parte de unos contratos leoninos diseñados sin ninguna consideración por la ciudadanía.
Para completar, en días pasados el presidente Petro habló largo en Barranquilla y fue notorio que evadió tratar en serio un problema grave que está empeorando. Pero sí sacó aplausos insinuando que a punta de sol le daría una solución mágica.
Es deber entonces decir que Colombia puede y debe avanzar en energía solar. Pero también que no hay ninguna posibilidad de que el actual problema tarifario del Caribe se resuelva solo así. Porque pasará mucho tiempo antes de que se le pueda instalar energía solar a todos sus habitantes y porque, por distintas razones, esa electricidad no cubrirá el ciento por ciento de las necesidades, lo que impedirá que los usuarios puedan desconectarse de la energía tradicional y de las facturas de Air-e y Afinia.
