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La semana pasada, durante la reunión que se desarrolló en Ataco para la actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) - el instrumento de planificación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET - varias y varios líderes se expresaron inconformes y preocupados por la creciente estigmatización que un sector de la clase política de Ibagué, encabezado por la Gobernadora, está haciendo del territorio.
“Nos están volviendo a poner en INRI de zona roja y eso no lo podemos aceptar” (…) “nosotros queremos la paz y ellos insisten con la guerra”, “el sur del Tolima es un territorio de paz” (…), repitieron una y otra vez las y los líderes en el evento.
Las fotografías y videos compartidos masivamente en las redes sociales del senador Óscar Barreto que, hay que decirlo con claridad, no han hecho más que exponer a los habitantes de la zona frente a las disidencias, más las constantes declaraciones de la mandataria a medios nacionales, y ahora las opiniones de diputados y editoriales de la prensa regional que desde la comodidad de sus oficinas en el centro de Ibagué piden el levantamiento del cese al fuego, lo único que han logrado es volver a la mirada sobre el sur como un territorio violento, una “zona sin ley” que las y los líderes que sí hacen su vida en los municipios y las veredas, hace varios años se propusieron dejar atrás.
La denuncia constante de las violaciones al cese al fuego por parte de las disidencias - alguna ciertas, otras por establecer - contrasta con el silencio de las autoridades departamentales y de la clase política en general, frente a los abusos de los grupos armados durante el gobierno de Iván Duque (2018 - 2022), cuando la consigna no era la paz sino la guerra total.
Fue tal la situación de amenaza para la población civil durante ese cuatrienio, que la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas Tempranas (2019 y 2022) para que las autoridades dispusieran todo lo que estuviera a su alcance para proteger a la población.
Para la Defensoría, el escenario de riesgo para la población de estos municipios, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz, no se explicaba - ya en 2019 - por los brotes de delincuencia común, sino por la posibilidad real de una disputa entre estructuras armadas organizadas, que desbordaban las fronteras del sur del Tolima y se conectaban con el norte del Cauca, el sur del Valle y el occidente del Huila.
La emisión de la Alerta Temprana generó una reacción negativa por parte de las autoridades civiles y de la fuerza pública - incluido el exgobernador Barreto - quienes al principio desestimaron el escenario de riesgo descrito. La preocupación principal evidenciada en el CIPRAT (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) realizado en el municipio de Planadas en el mes de abril de 2019 por parte de la autoridades, fue la posible afectación a la economía cafetera de los municipios concernidos en el informe.
¿Qué pasó con las recomendaciones de la Defensoría en el 2019? Prácticamente nada, razón por la cual, tuvo que emitir una nueva AT en 2022, que volvía a llamar la atención sobre los riesgos para la población civil derivado de la presencia de grupos armados. Pese a que durante ese periodo dichas estructuras extorsionaron, mataron, reclutaron, amenazaron y desplazaron, la respuesta fue la indiferencia y el silencio.
Ni el Plan de Desarrollo ‘Tolima nos Une’ (2020 - 2023) ni el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del cuatrienio anterior planearon atender las recomendaciones de las AT, las cuales apenas son mencionadas en documentos como los planes de contingencia y los planes de prevención, protección y garantías de no repetición que, valga decir, cuentan con un presupuesto irrisorio y su “cumplimiento”, es dejado a cargo de contratistas de la Secretaría del Interior.
En nuestro informe CERE 11, “Elementos políticos, institucionales y territoriales asociados al riesgo para el liderazgo social en el Sur del Tolima”, caracterizamos el incremento de estas violencias y la precaria respuesta estatal para proteger a la población entre 2018 y el 2023 (descargar el informe) Link: https://acortar.link/Ho3VuP
La “preocupación” surgió entonces con el cambio de gobierno y el cambio de política, con el planteamiento de un escenario de negociación con las disidencias. Pareciera que a cierto sector de la clase política del Tolima lo que único que le gusta de la paz son sus fuentes de financiación, puesto que no escatiman oportunidad para ejecutar los recursos de las regalías (OCAD PAZ), dispuestas para la implementación del Acuerdo con las antiguas FARC.
Y eso no lo ignoran los/as líderes/as sociales: en la misma reunión en Ataco también se habló de la movida en la gobernación para lograr la ejecución del billón de pesos con que cuenta el PDET para poder materializar las iniciativas que han priorizado las comunidades, como por ejemplo el nuevo hospital para Planadas. Solo este año, los cuatro municipios cuentan con una bolsa de un poco más de $70.000 millones que podrán ejecutar siempre y cuando los proyectos que formulen estén alineados con el PATR.
No es coherente que mientras con el puño cerrado de una mano se golpea la política paz, con la otra bien abierta se aspire a controlar los recursos de regalías dispuestas para hacerla realidad. O es seguridad democrática o es paz total, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo.
Pero las paradojas de la vida y de la política: aunque en el calendario de la oposición al gobierno nacional todos los días es lunes, fue precisamente el gobierno de Petro, y no el de Duque, el que terminó dándole el golpe militar más duro a las disidencias de las FARC en el sur del Tolima, después de cinco años.
