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Es difícil encontrar un ministro de Hacienda peor que Alberto Carrasquilla, tanto por sus ejecutorias en el gobierno de Álvaro Uribe, como por los negocios que montó luego, con grandes ganancias para él y enormes pérdidas para otros, usando las leyes que había promovido desde su Ministerio.
¡La tan perniciosa puerta giratoria entre los asuntos públicos y los negocios privados! Iván Duque debe explicar por qué, entre sus muchos amigos neoliberales, tenía que escoger a Carrasquilla, quien no gana, por abusivo, para decir lo menos, el examen para ese cargo, como lo demostraré en el debate en el Senado que espero no me impidan realizar.
La naturaleza retardataria y plutocrática de la gestión de Carrasquilla en el gobierno de Álvaro Uribe salta a la vista. Se aumentó su sueldo y el de la alta burocracia oficial y a la par les eliminó la mesada catorce a los futuros pensionados, les subió los impuestos a los sectores populares y a las clases medias y se los bajó a los magnates extranjeros. En una sola de las gabelas que les dio, se eliminó el impuesto de remesas a las trasnacionales, a un costo fiscal de 25 billones de pesos. Liquidó a menosprecio a Telecom, empresa a la que, ya privatizada y con otro nombre, el Estado le ha invertido 4,7 billones de pesos.
Mención aparte merece que el desastre de Reficar lo inició su decisión de privatizarla a favor de la trasnacional Glencore, que carecía de experiencia en construcción de refinerías y que se mamó del negocio, no sin antes dejarla enrumbada hacia sus enormes corruptelas.
Pero lo que más lo inhabilita no son sus ejecutorias rabiosamente neoliberales como ministro, porque gobernar así, por muy equivocado que fuera, era el derecho de quienes ganaron la Presidencia en 2002 y 2006. Lo que lo descalifica para ser parte del gabinete de Duque es haber usado su poder en el Estado para promover los cambios legales a favor de la empresa que Carrasquilla montaría luego, como exministro, y que esas normas y sus actos llevaran a que 117 municipios y muchos colombianos perdieran grandes sumas, en tanto él y sus socios se echaron al bolsillo 70 mil millones de pesos.
Esta es la historia. La Ley 358/97, con buen criterio, no permitía que la plata de los municipios proveniente del Situado Fiscal –luego Sistema General de Participaciones (SGP)– se pignorara para operaciones financieras de futuros. Pero el ministro Carrasquilla, muy acucioso, tramitó en el Congreso una reforma constitucional que ordenó lo que sería la ley 1176/07, estableciendo que en adelante sí se podría. Y una vez salió del Ministerio, se asoció con Andrés Flórez, exdirector de Fogafin y exsubalterno suyo, y crearon Konfigura, la empresa con la que recorrieron el país cuadrando alcaldes para que endeudaran a sus municipios, utilizando de carnada que esas deudas no las pagarían ellos sino los burgomaestres siguientes. Bonos de Agua los llamaron al emitirlos, pero el ingenio ciudadano con acierto los bautizó Bonos Carrasquilla, el creador, vendedor y comisionista.
En la operación se colocaron bonos por 400 mil millones de pesos, pagándoles a los prestamistas la atractiva tasa de UVR+8 %, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11 %, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3 %, unos 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años, cuando el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir el negocio porque los municipios se reventaron. Pues además de las tasas leoninas que les clavaron, el crédito era a 20 años y no podía pagarse por anticipado. Y la ley que permitió estas operaciones de especulación financiera no definió ninguna política seria anticorrupción y desgreño administrativo que garantizara que las obras sí se construirían, hasta el punto de que solo 30 municipios, de 117, las ejecutaron.
Además de lo que perdieron los entes territoriales, también cayeron los tenedores de los bonos -y principalmente los trabajadores, víctimas a través de las inversiones de los fondos privados de pensiones–, que se encartaron con ellos, pues nadie los recompraba dado su alto riesgo, y porque al final tuvieron que aceptar que el gobierno les empeorara las condiciones pactadas. Para más detalles, ver este excelente artículo de Alberto Donadío.
En el debate además veremos a Carrasquilla en los Papeles de Panamá y en sus negocios con Saludcoop y Cafesalud, sobre los cuales seguramente también dirá que actuó dentro de la ley, como afirma de los bonos bautizados con su nombre. Pero ese día también explicaré cómo la corrupción nacional ha evolucionado de “hecha la ley, hecha la trampa” a la muy contemporánea de cambiar las leyes para enriquecerse con la plata del Estado.
