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Los cuestionamientos en torno a la contratación del Municipio revelan una serie de prácticas preocupantes para la administración pública que afectan la transparencia, la equidad y la eficiencia del sistema, y que, al mismo tiempo, nos recuerdan las viejas prácticas del “hurtadismo”.
Según se ha podido conocer en medios de comunicación, la realidad contractual de la Alcaldía de Ibagué es alarmante: de 23 procesos de selección, 18 de ellos concluyeron con un solo proponente, lo que plantea serias interrogantes sobre la verdadera competencia y equidad en estas adjudicaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que la pluralidad de oferentes en la contratación estatal es garantía de objetividad y transparencia en la selección.
Además, todos los procesos analizados han presentado limitaciones significativas que restringen injustamente la participación de otros interesados. Entre las prácticas más destacadas se encuentran la manipulación de indicadores financieros, la exigencia de requisitos no relacionados con el objeto del contrato, entre otras irregularidades.
Resulta preocupante también la identificación de ciertos contratistas favorecidos por la administración, quienes han obtenido contratos significativos bajo circunstancias que sugieren un direccionamiento en los procesos.
Además, la existencia de 12 procesos con pliegos vencidos que aún no han publicado condiciones definitivas, junto con dos procesos en curso con requisitos igualmente direccionados, refuerza la percepción de falta de diligencia administrativa y apertura a la competencia justa.
Ante este panorama, es alentador saber que se han radicado denuncias disciplinarias y penales, aunque el ritmo actual de las indagaciones no es el esperado por la ciudadanía. Es crucial que las autoridades competentes actúen con celeridad y determinación para investigar todas las denuncias pendientes.
En resumen, la situación descrita subraya la necesidad urgente de reformas en la gestión de contratación pública para prevenir el favoritismo, garantizar la competencia justa y promover la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio del interés público. Como ciudadanos, exigimos que se respeten los intereses colectivos de la ciudadanía.
Pese a todo lo anterior, es importante destacar la labor realizada por el personero municipal, Educardo Espinosa, quien, en cumplimiento del mandato Constitucional de ejercer control, suspendió del cargo a Erika Palma, gerente del IBAL, por obstruir las investigaciones del ente de control.
Esto nos da esperanza como ciudadanos. Aunque es evidente la poca celeridad de algunos entes de control, la mencionada decisión de la Personería nos indica que sí es posible hacerle frente al poder político de la ciudad y el departamento.
