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En medio de un país sumido en décadas de violencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue pasos significativos para la superación del conflicto. Con la política de "Paz Total", se ha logrado una disminución del 2.1 % en los homicidios a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Este es un indicio de que el camino hacia la reconciliación y el desarme está comenzando a dar frutos.
Sin embargo, mientras que a nivel nacional se observan señales de optimismo, en ciudades como Ibagué se presentan desafíos serios que ponen en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad local.
Entre enero y septiembre de 2024, según Medicina Legal, Ibagué ha visto un alarmante incremento en los homicidios: de 49 casos registrados en 2023, la cifra se disparó a 61 en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento del 24.5 %. Esto refleja una falencia evidente en las estrategias de seguridad implementadas a nivel local, que no han logrado adaptarse ni reforzarse frente a las nuevas dinámicas criminales que afectan la región.
Lo que resulta particularmente preocupante es que, mientras el Gobierno del Cambio hace esfuerzos para reducir los niveles de violencia, en Ibagué la política de seguridad liderada por la alcaldesa Johana Aranda parece estar quedándose corta frente a los desafíos que enfrenta la ciudad.
La gestión de Aranda ha sido marcada por la ausencia de propuestas claras y efectivas para enfrentar la violencia urbana, y los resultados están a la vista: más homicidios, mayor temor entre los ciudadanos y una sensación de desprotección generalizada.
Es necesario que las autoridades locales asuman con responsabilidad la implementación de programas de seguridad que complementen los esfuerzos nacionales. Las políticas del presidente Petro deben ser acompañadas por un trabajo coordinado a nivel regional, que priorice la intervención en los factores de riesgo locales.
La administración de Aranda debe revisar urgentemente su enfoque frente a la seguridad ciudadana. El incremento de los homicidios en Ibagué no puede ser ignorado y requiere una respuesta contundente. No es suficiente con promesas o discursos vacíos, máxime cuando el presidente Petro ha demostrado que gobierna para todo el país, sin distingo de posturas políticas.
El desafío es claro: al igual que en el resto del país, Ibagué requiere estrategias integrales que vinculen tanto el fortalecimiento de las autoridades, como la generación de oportunidades que permita alejar a los juventudes del delito. Nosotros, en el pasado, con programas como “Jóvenes constructores de ciudad”, demostramos que sí es posible una Ibagué donde se pueda caminar de noche.
