Con el deseo de conocer en cada aspirante a la Presidencia su propuesta respecto al tema medioambiental, me di a la tarea de echar un vistazo a los portales web de estos personajes, pues como está la cosa nos quedaremos con las ganas de presenciar un debate público serio y respetuoso en el que se dé prioridad la protección al medio ambiente y no el tratamiento de quinta categoría como la historia nos lo ha mostrado.
Nadie se le mide a reunir a todos los candidatos en un mismo sitio porque corren el riesgo de salirse de casillas, perder la cordura, insultarse en directo y bajar puntos en las encuestas.
En el portal de Semana Sostenible se lee un artículo en el que Greenpeace reclama a los candidatos políticas de protección de páramos, y para sorpresa de la organización, solo dos contestaron las preguntas formuladas: Enrique Peñalosa y Martha Lucia Ramírez. Por ello la necesidad de saber a qué le apuestan los candidatos.
En el candidato Presidente no encuentro una posición definida sobre política ambiental. Se le agradece el esfuerzo en seguir luchando por la paz de la patria, pero se hace un llamado para que por favor no se le olvide que la protección al medio ambiente, la urgente necesidad por atender la problemática de cambio climático y la compatibilidad real entre ambiente y minería deben ser protagonistas de su agenda. Está a tiempo de formular la propuesta y divulgarla, o en su defecto actualizar su web.
Por su parte el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hace énfasis en que el ordenamiento ambiental, territorial y social debe hacerse alrededor del agua. La tiene “Clara”: el agua es el elemento primordial para la vida y el desarrollo. En el Tolima, muchos reclaman y pocos contribuyen al mejoramiento de la calidad de nuestras fuentes hídricas.
Los gremios económicos -especialmente el sector agropecuario- deben despojarse de intereses particulares y participar en la reordenación del recurso hídrico del departamento. Cosa difícil pero no imposible. Es interesante que propone la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, concibiéndolas como instituciones capaces de avanzar en investigación científica, como apoyo al ordenamiento territorial, y fortalecer su papel como autoridad ambiental.
Pero ojalá que este intento no implique la centralización para manipular el desarrollo ambiental de las regiones, tal como lo quería hacer el expresidente Álvaro Uribe cuando en su segundo periodo quiso reformar las CAR para manejar desde Palacio los temas ambientales dejando a un lado las autoridades locales, menospreciando la opinión de los territorios y reduciendo su participación en las decisiones de interés regional. Menos mal que su intención no se concretó, aunque si se requiere la modernización de las Corporaciones.
La aspirante Clara López Obregón propone que el Estado debe ser socio de la actividad minero-energética, es decir, convertirse en socio del jugoso negocio minero, considerando que esta sería la justa recompensa por aportar el recurso natural no renovable y que al final siempre le toca asumir los pasivos ambientales de los que explotan y salen y se van sin reponerle al medio ambiente lo que le quitaron. Lo que veo difícil es que los honorables Congresistas se le midan desde la reforma del Código Minero que está pendiente, a cambiar el modelo actual de explotación minera, pues hay muchos intereses políticos y económicos en juego.
La Campaña Zuluaga Presidente se limita a mencionar que: “El desarrollo regional debe incluir la minería legal que es respetuosa del medio ambiente. Prestaremos especial cuidado a la protección de nuestros ríos y bosques. Reviviremos el programa de Familias Guardabosques para fomentar una cultura de protección del medio ambiente en el sector rural”.
Eso ya lo sabemos y está en la Constitución Política: la sostenibilidad y el medio ambiente deben ir de la mano, pero no debemos dejar a un lado el antecedente ambiental de los ocho años del gobierno Uribe, en los que se incrementó exageradamente el otorgamiento de títulos mineros especialmente en zona sensibles como áreas de influencia de páramos, reservas forestales y partes altas de cuencas hidrográficas; la duda asalta en que se pueda garantizar debida atención, priorización y recuperación de los ecosistemas afectados por explotaciones mineras.
Finalmente, la exministra Marta Lucía Ramírez enuncia lo que para ella sería prioridad en la agenda ambiental, haciendo énfasis en luchar contra la minería ilegal, la implementación de política de cambio climático y recuperación de ríos contaminados por aguas residuales, entre otros aspectos interesantes que tendrían sentido con la identificación de las fuentes de financiación que respalden la propuesta, ya que cuidar el medio ambiente no da plata pero recupéralo sí vale mucho.
Abogada.